Pronto tendremos la oportunidad de volver a elegir nuestro futuro. En esta ocasión, toca escoger el modelo de país que deseamos tras la convocatoria electoral para el 23 de julio, una fecha absolutamente trascendental. Lo es porque hay mucho en juego pese a que la derecha se afane en embadurnar el tablero para que no veamos realmente en qué consiste la partida. Ese día no se decidirá el pasado, se decide el futuro de España para las próximas décadas
El domingo está, prácticamente, aquí y, con él, la oportunidad de decidir qué queremos que suceda en nuestros municipios durante los próximos cuatro años. Con el PP ya sabemos lo que hay: núcleos anclados en políticas del pasado en los que se produce un deterioro de lo público mientras sus alcaldes y alcaldesas miran a otro lado incapaces de ‘molestar’ a la Junta de Andalucía y pedir lo que les corresponde a sus vecinos y vecinas, algo que Moreno Bonilla les arrebata porque esquilma lo de todos y todas: los servicios públicos.
La puesta en valor de un bien patrimonial cuesta, en ocasiones, más de lo deseado, pero lo importante es que se lleve a término. Es lo que ha ocurrido con el Cable Inglés, objeto de una rehabilitación que ha tenido que sortear diversos obstáculos en el camino hasta llegar a buen puerto. Lo primero que tenemos que hacer es felicitarnos de que esté ahí, donde está, y que no haya sido reducido a chatarra como pretendía el Partido Popular. Esto les sigue escociendo, pero es una realidad. De no haber contado con la protección que le otorgó la Junta –socialista- el PP se lo hubiera quitado de en medio como ha hecho con otras infraestructuras que representan el pasado industrial en la capital. Da igual las fotos que se hagan y a cuanta gente llamen para ponerse en ellas: el PP no quería el Cable Inglés.
Se conoce como ‘esperpento’ al género literario que se caracteriza por la presentación de una realidad deformada y grotesca y la degradación de los valores consagrados a una situación ridícula. Pues bien, justo esto es lo que hemos vivido esta semana en el Congreso de los Diputados con la moción de censura que ha presentado Vox contra el gobierno, y cuya defensa de la misma por parte de Ramón Tamames habría puesto los pelos de punta al propio Ramón María del Valle-Inclán.
El Partido Popular concurre a las siguientes elecciones municipales del 28 de mayo con, de momento, seis tránsfugas como cabezas de lista en otros tantos municipios de Almería; a saber: Alcolea, Albanchez, Vélez-Blanco, Carboneras, Los Gallardos y Tíjola. Todos sus candidatos defendían y han puesto en práctica hace cuatro años un programa electoral con el sello de otras formaciones y, ahora, lamentablemente no tienen ningún reparo en hacerlo con otro partido político completamente diferente al suyo originario, que defendía y que promulgaba cuestiones y gestiones muy diferentes a las del partido de cabecera por el que se dieron a conocer y con el que ganaron los comicios de 2019. Sin pudor. Pero menos tiene quien siempre está enfrente recogedor en mano, que es el PP de Javier Aureliano García quien ha convertido su formación en un auténtico saco sin fondo.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, una jornada en la que hay que informar, alzar la voz, aprender, actuar y seguir luchando por los derechos de quienes conforman la mitad de la población y es momento, también, para recordar tanto el lastre de la desigualdad que siguen padeciendo las mujeres como los derechos adquiridos hasta ahora para corregir, precisamente, ese trato desigual respecto a los hombres. Y aquí tenemos mucho que ver las y los socialistas porque si hay un partido feminista en nuestro país, ese es el PSOE.
El Gobierno de España ha cumplido su compromiso con los agricultores almerienses al fijar, como ya hizo anteriormente, un precio máximo en el agua que se produce en las instalaciones de las desaladoras de Carboneras y del Campo de Dalías. De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha garantizado vía Boletín Oficial del Estado la bonificación del agua destinada para el riego hasta 2026, con la posibilidad de renovar la medida durante 10 años. Además, ante la subida de los costes energéticos que se viene registrando para producir agua en estas instalaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya trabaja en una solución que ataje este problema de manera definitiva, dotando a las desaladoras de plantas solares fotovoltaicas.
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