El Gobierno andaluz ha estado derivando dinero público durante dos años a la sanidad privada al margen de la legalidad, sin control ni fiscalización alguna, acogiéndose para ello a un Real Decreto ley ya derogado. Mediante ese procedimiento, la Junta podría haber desviado más de 200 millones de euros a la sanidad privada de manera opaca.
El Partido Popular concurre a las siguientes elecciones municipales del 28 de mayo con, de momento, seis tránsfugas como cabezas de lista en otros tantos municipios de Almería; a saber: Alcolea, Albanchez, Vélez-Blanco, Carboneras, Los Gallardos y Tíjola. Todos sus candidatos defendían y han puesto en práctica hace cuatro años un programa electoral con el sello de otras formaciones y, ahora, lamentablemente no tienen ningún reparo en hacerlo con otro partido político completamente diferente al suyo originario, que defendía y que promulgaba cuestiones y gestiones muy diferentes a las del partido de cabecera por el que se dieron a conocer y con el que ganaron los comicios de 2019. Sin pudor. Pero menos tiene quien siempre está enfrente recogedor en mano, que es el PP de Javier Aureliano García quien ha convertido su formación en un auténtico saco sin fondo.
Con Moreno Bonilla vivimos en una campaña electoral permanente. Cada día anuncia medidas que no lleva a cabo y esos días suman ya cinco años en los que no hemos visto nada de nada, ni una sola de sus promesas para nuestra provincia. Mucho me temo que acabará esta legislatura siguiendo los pasos de su compañero Mariano Rajoy, actual número uno en el ranking, ya que estuvo ocho años sin mover un dedo por Almería y con la complicidad de sus palmeros y compañeros del PP provincial.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, una jornada en la que hay que informar, alzar la voz, aprender, actuar y seguir luchando por los derechos de quienes conforman la mitad de la población y es momento, también, para recordar tanto el lastre de la desigualdad que siguen padeciendo las mujeres como los derechos adquiridos hasta ahora para corregir, precisamente, ese trato desigual respecto a los hombres. Y aquí tenemos mucho que ver las y los socialistas porque si hay un partido feminista en nuestro país, ese es el PSOE.
Defender la igualdad entre hombres y mujeres es un signo de salud y de calidad democrática y es una cuestión, además, en la que no caben medias tintas, titubeos ni juegos de palabras. Defender la igualdad es promover la suma de derechos civiles que robustecen los estados de derecho porque un país donde el 50% de su población no ve garantizado su derecho a la salud, a la seguridad o la integridad es un país que ve claramente deteriorada su cartera de libertades. Por este motivo, no hay que olvidar que los derechos que afectan a las mujeres comprometen la calidad de las democracias.
El Gobierno de España ha cumplido su compromiso con los agricultores almerienses al fijar, como ya hizo anteriormente, un precio máximo en el agua que se produce en las instalaciones de las desaladoras de Carboneras y del Campo de Dalías. De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha garantizado vía Boletín Oficial del Estado la bonificación del agua destinada para el riego hasta 2026, con la posibilidad de renovar la medida durante 10 años. Además, ante la subida de los costes energéticos que se viene registrando para producir agua en estas instalaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya trabaja en una solución que ataje este problema de manera definitiva, dotando a las desaladoras de plantas solares fotovoltaicas.
Todos los andaluces y andaluzas hemos tenido claro desde el 28 de febrero de 1980 que aquel referéndum debía servir a una gran causa común: construir una Andalucía donde se garantizara la igualdad de oportunidades, sustentada en el acceso a una educación y a una sanidad pública de calidad, el impulso de nuestros sectores productivos o en el desarrollo de las grandes infraestructuras que habrían de equipararnos al resto de España.
El cambio de modelo de la sanidad pública que pretende llevar a cabo el gobierno de Moreno Bonilla ya está en marcha. Y esto no es una opinión, se empezó a gestar hace ya algunos meses a través de un decreto que pretende poner en manos del sector privado la atención primaria, así como las instalaciones y equipamientos públicos pagados con los impuestos de todos los ciudadanos.
Mientras a algunos les llega el agua al cuello, otros andan nadando en la abundancia. El ejemplo más palmario de este axioma lo hemos encontrado en estos días en la subida de sueldo aprobada por la junta directiva de la patronal para los integrantes de la CEOE, algo que ha terminado salpicando directamente a su presidente, Antonio Garamendi, al que se le atribuye una retribución cercana a los 400.000 euros al año. En fin, algo más que un buen sueldo, por decirlo suave.
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