La llegada de Núñez Feijóo a la presidencia del PP después de la sonada destitución a la que fue sometido Pablo Casado por sus propios compañeros en un movimiento liderado por Isabel Díaz Ayuso, vino acompañada por una campaña, a todos los niveles, de blanqueo de su personaje. En ella se ha tratado de dibujar una imagen de Feijóo de moderado, de líder y de gran gestor, pero nada más lejos de la realidad.
No hay día en el que el Gobierno de España no desmonte con cifras y argumentos el arsenal de invenciones, mentiras o medias verdades con las que la derecha intenta desprestigiar, dentro y fuera de España, las iniciativas políticas que están sosteniendo los duros envites de la inflación provocada por la guerra. El último de los ejemplos lo hemos tenido esta misma semana en el Congreso de los Diputados a cuenta del debate de Presupuestos, pero si echamos la vista atrás vemos cómo el PP ha mantenido esa misma actitud de bronca permanente una vez tras otra, incluso durante los peores momentos de la pandemia de la covid-19.
Moreno Bonilla está consumando en Andalucía lo que él mismo anticipó que haría: comerse, naranja a naranja, al partido que fundó Albert Rivera, una vez que Ciudadanos se ha convertido en una formación irrelevante y la mayor parte de sus cargos han huido, a pesar de que prometieron que no lo harían, al Partido Popular. Para conseguirlo, y aquí viene lo sustancial, el presidente del Ejecutivo andaluz se está valiendo de las instituciones y del dinero público para pagar favores políticos en estricta clave personal y partidista, algo que ha vuelto a ser noticia en estos días con las incorporaciones de Marín y Bosquet a su gobierno.
El contexto internacional en el que nos desenvolvemos, con la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas que el conflicto está acarreando para la inmensa mayoría de la ciudadanía, empresas y sectores productivos, se vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre qué deben hacer los gobiernos para evitar que la brecha social se ensanche.
Si algo hay que reconocerle al Partido Popular, es que, durante su última etapa al frente del gobierno de España, sus dirigentes no se anduvieron con paños calientes. Cuando la crisis de 2008 golpeó a la sociedad española y el gobierno de Rajoy optó por desentenderse de su obligación de proteger a la ciudadanía, los representantes del PP expusieron sin rodeos su postura. Aquello de que habíamos vivido “por encima de nuestras posibilidades” fue el aviso y los Presupuestos Generales del Estado de los años posteriores se encargaron de ratificar que, ante las dificultades, aquel gobierno ni estaba ni iba a estar.
Cuando se toman decisiones erróneas basadas en modelos que no miran el conjunto de los resultados, que tratan de curar unos síntomas que uno ve, pero no la enfermedad, nos adentramos en el nada tranquilizador mundo del efecto cascada, donde se sucederán situaciones que poco a poco generarán un mal mayor. En muchas ocasiones esos efectos son irreversibles, otras no, pero por encima de todo son peligrosos en cuanto a las consecuencias finales.
Dicen que la salud es lo primero y así debería ser. Sin embargo, hace tiempo que ese axioma quedó en entredicho en Andalucía, en una comunidad donde el derribo del sistema sanitario público que está llevando a cabo el Partido Popular, sin contemplaciones y a plena luz del día, no tiene justificación alguna. O sí, la de alimentar la cuenta de resultados de las clínicas privadas, a las que Moreno Bonilla les está poniendo en bandeja un jugoso negocio.
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