El cambio de modelo de la sanidad pública que pretende llevar a cabo el gobierno de Moreno Bonilla ya está en marcha. Y esto no es una opinión, se empezó a gestar hace ya algunos meses a través de un decreto que pretende poner en manos del sector privado la atención primaria, así como las instalaciones y equipamientos públicos pagados con los impuestos de todos los ciudadanos.
Mientras a algunos les llega el agua al cuello, otros andan nadando en la abundancia. El ejemplo más palmario de este axioma lo hemos encontrado en estos días en la subida de sueldo aprobada por la junta directiva de la patronal para los integrantes de la CEOE, algo que ha terminado salpicando directamente a su presidente, Antonio Garamendi, al que se le atribuye una retribución cercana a los 400.000 euros al año. En fin, algo más que un buen sueldo, por decirlo suave.
En lugar de trabajar, en el PP han decidido hacer ruido con el tema del agua. En este contexto es en el que se enmarca la iniciativa sobre el trasvase Tajo-Segura que los representantes ‘populares’ llevaron al Parlamento de Andalucía esta semana y con la que insistieron en su estrategia de politizar la necesidad de agua de esta provincia, una cuestión en la que, por cierto, todos estamos de acuerdo.
Anda azuzando el presidente del Gobierno andaluz en estos días con una idea que, si termina imponiéndose, supondrá continuar con la escalada que ha emprendido para relanzar su proyecto de una Andalucía a dos velocidades, en el que se premia a unas provincias y se castiga a otras. La insistencia de Moreno Bonilla en destinar una inversión multimillonaria para unir las ciudades de Sevilla y Málaga mediante una línea directa de Alta Velocidad, ha sido la gota que colma el vaso.
Si la verdad pesara, las palabras de compromiso con Almería que pronuncian cada semana los cargos del Gobierno andaluz se las llevaría el viento. Para disgusto de esta provincia, la propia Junta de Moreno Bonilla se encarga de demostrar una y otra vez, por la vía de los hechos, que los almerienses no le importamos lo más mínimo.
Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España en este mes de enero solo se pueden calificar de históricas. A la subida de las pensiones a más de 110.000 almerienses, se ha sumado el anuncio realizado por el presidente, Pedro Sánchez, de aumentar en un 8% el Salario Mínimo Interprofesional, que va a beneficiar en nuestra provincia a unos 160.000 trabajadores y trabajadoras.
Si la dignidad de una sociedad se mide por cómo trata a sus mayores, España es hoy un país más digno que hace unos años. Nunca, en la historia reciente de nuestro país, los pensionistas habían sido tratados con el respeto que les profesa el Gobierno de Pedro Sánchez y que se ha traducido en hechos concretos como el reciente derecho, recogido en una ley, que garantiza que quien percibe una pensión nunca más va a perder poder adquisitivo. Defender a los mayores no es darles palmaditas en la espalda, sino pensiones dignas y derechos.
Algunos y algunas que utilizan la palabra indignidad con tanta ligereza deberían recordar que pocas cosas más indignas han ocurrido en este país como trasladarles a los pensionistas, a través de una carta, que el Gobierno les incrementaba en un euro sus pensiones. Por aquellas fechas, muchos de nuestros mayores se quejaban amargamente de que valía más la carta y el sello que ese mísero euro que les había subido el Gobierno de Rajoy. Aquella carta la firmó la entonces ministra de empleo, Fátima Báñez, la misma que se encomendó a la Virgen del Rocío para salir de la crisis.
Ha tenido que ser un gobierno socialista el que ponga en el mapa de las inversiones a las comarcas del Levante almeriense y el Almanzora, después de la travesía del desierto que supusieron los siete largos años que Mariano Rajoy estuvo tomando decisiones desde La Moncloa. Fueron, aquellos, siete años en los que, por recordar sólo algunos ejemplos, el gobierno del PP tiró a la trituradora los proyectos que existían para el AVE, sacó la línea Caparacena-Baza-Antas de la planificación eléctrica estatal y decretó la parálisis más absoluta en materia hidráulica. Por no hacer, ni siquiera movió un dedo para reparar la desaladora del Bajo Almanzora, después de que se la llevara por delante la riada de 2012.
El triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy de 2018 no solo devolvió la dignidad a la política tras la sentencia de la trama Gürtel, que vinculó al PP con graves casos de corrupción, sino que puso fin a casi ocho años de un durísimo castigo para Almería. Se dice pronto, pero esas dos legislaturas dilapidaron las ilusiones de toda una provincia, que vio esfumarse como el humo de una cerilla todas las expectativas generadas en torno a la alta velocidad.
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