Almería celebra en estos días, como el resto del país, cincuenta años de libertad desde la muerte de Franco. Sumamos ya medio siglo de democracia, de instituciones recuperadas, de conquistas sociales y de una sociedad que decidió avanzar hacia la pluralidad y la recuperación de los derechos sepultados durante la dictadura.
El Partido Popular intenta amortiguar el impacto de la mayor trama de corrupción que ha sacudido a la provincia en décadas moviendo fichas y cambiando nombres. Pero la cuestión esencial sigue sin respuesta: ¿Cómo pudo arraigar durante casi nueve años una red de presuntos corruptos en la Diputación de Almería sin que nadie del PP detectara, denunciara o frenara nada? La investigación se remonta a 2016, la etapa de Gabriel Amat y apunta a un sistema de presuntas mordidas en contratos públicos cuyo alcance real aún desconocemos.
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