La Diputación de Almería nació para equilibrar el desarrollo entre municipios y garantizar que ningún pueblo quedara atrás. Sin embargo, los recientes casos de posible corrupción muestran otra realidad: una institución secuestrada por una élite política del PP que usa lo público como patrimonio propio. Lo que debía ser la casa de todos se ha convertido en un feudo donde el poder y el dinero se reparten entre unos pocos.
La Diputación gestiona millones de euros destinados a obras y servicios básicos, pero parte de esos fondos, según lo publicado en los medios sobre las investigaciones judiciales, se desvió hacia contratos inflados, adjudicaciones a empresas afines y redes clientelares. No se trata de errores puntuales, sino de un sistema de amiguismo consolidado que convierte el dinero público en botín político. Las consecuencias son claras: pueblos marginados, proyectos abandonados y oportunidades perdidas.
La corrupción no solo roba dinero; roba futuro y los vecinos lo saben. Lo comentan en los bares y en las plazas: mientras hay pueblos sin médico o sin transporte, en la Diputación de Almería se habrían repartido supuestamente contratos a dedo, beneficiado a empresas y algunos se habrían enriquecido. Entre tanto, los municipios luchan por mantener servicios mínimos y frenar la despoblación, pero cada euro malversado es una calle sin arreglar o un pueblo sin agua. La Diputación, que debía reducir la desigualdad, la agranda con cada decisión injusta.
Los procesos judiciales abiertos y las denuncias sobre adjudicaciones bajo sospecha demuestran que esto no es un caso aislado, sino un patrón persistente que pudre la institución y erosiona la confianza ciudadana. En lugar de servir a los pueblos, la Diputación ha servido al PP para consolidar su poder, colocar a los suyos y marginar a los municipios sin afinidad política. Almería no puede seguir siendo un cortijo político. Hace falta transparencia real: auditorías externas, comisiones de control y responsabilidad sobre cada euro público. Porque la Diputación no pertenece a un partido, sino a los pueblos que la sostienen. Y esos pueblos, cansados de promesas vacías y corrupción encubierta, merecen dignidad, igualdad y un futuro que no se robe desde los despachos