Juan Antonio Lorenzo

Alcaldes y presidentes de Diputaciones del Partido Popular se plantaban hace unos días en Bruselas para poner en escena un nuevo capítulo del vodevil que han montado con el reparto de los fondos de la Unión Europea para la recuperación. El alcalde de la capital almeriense, Ramón Fernández Pacheco, y el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, decidieron unirse al grupo de teatro y perder, de este modo, un valioso tiempo que podían haber empleado en impulsar proyectos competitivos, en lugar de ponerse en evidencia.

En junio de 2018, Mariano Rajoy dejó la Presidencia del Gobierno como consecuencia de la moción de censura que registramos los socialistas tras conocerse la sentencia del Caso Gürtel y la trama de corrupción de la que se benefició el Partido Popular. Rajoy ponía fin, de esa manera, a casi ocho años en el poder que fueron desoladores para Almería en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en lo económico y en lo social.

No deja de sorprenderme la facilidad con la que algunos se declaran recelosos de que las obras del Corredor Mediterráneo entre Almería y Murcia vayan a finalizar en las fechas anunciadas. Y no es que considere que dudar no sea legítimo, pero me llama la atención que esa incertidumbre haya aparecido cuando se han licitado, adjudicado y comenzado unas obras cuyo coste asciende en este momento a más de 1.100 millones de euros.

La salud, nuestro mejor bien, nos hace a todos y a todas iguales, tanto cuando la tenemos como cuando la perdemos por el padecimiento de cualquier enfermedad. De ahí que la sanidad pública sea uno de los mejores instrumentos que tenemos al servicio de la justicia social, puesto que nadie le mira la nómina o la cartera al que entra por la puerta de un hospital o de un centro de salud.

Por la puerta de atrás o escondido en la letra pequeña de nuevas normas y leyes: así es como la derecha suele hacerles jugosos regalos fiscales a los poderosos, a aquellos que más tienen y que tendrían menos problemas –o ninguno– en contribuir con el pago de tasas e impuestos al interés general. De esa manera hemos perdido por el camino miles de millones de euros, que habrían sido recibidos con los brazos abiertos por servicios públicos tan necesarios como la sanidad o la educación.