El PSOE exige auditar todas las áreas de la Diputación para conocer el alcance de los «tentáculos» de la presunta red criminal

El portavoz del PSOE en la Diputación de Almería, Juan Manuel Ruiz, interviene en el Pleno extraordinario celebrado hoy
El portavoz del PSOE en la Diputación de Almería, Juan Manuel Ruiz, interviene en el Pleno extraordinario celebrado hoy
Juan Manuel Ruiz. Pleno extraordinario de la Diputación de Almería

El portavoz socialista clama contra la «corrupción endémica» del PP y solicita la inmediata dimisión del resto de implicados

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha protagonizado un Pleno contundente de censura tras las detenciones del expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, el ex vicepresidente, y el alcalde de Fines, por su presunta implicación en una trama de corrupción. «No nos hagamos los tontos, esto ya lo sabíamos todos», ha subrayado, recordando así que el PSOE lleva denunciando esta situación desde 2021, cuando estalló el caso mascarillas.

Juan Manuel Ruiz ha exigido a los mandatarios del PP que pidan disculpas a la provincia de Almería, a sus alcaldes y alcaldesas, a los funcionarios honorables y a toda la ciudadanía por estos últimos días, que han sido «los más lamentables» para la imagen de la provincia. No en vano, la detención de las principales figuras del gobierno provincial ha puesto a la institución «en boca de todos» a nivel nacional y local».

El portavoz socialista ha recordado que el expresidente Javier Aureliano García y el señor Giménez están siendo investigados por nada menos que «cinco delitos graves: cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y corrupción en la contratación pública». «No era difícil imaginar, y así al parecer lo entiende la UCO, que Javier Aureliano García Molina era el presunto jefe de un entramado criminal para conseguir, a través de adjudicaciones públicas, mordidas y comisiones», ha manifestado.

La crítica se ha extendido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, a quien señala como «colaborador necesario» por su «silencio cómplice» desde 2021. «Moreno Bonilla se ha hecho el sueco, ha guardado un silencio cómplice que lo único que ha hecho ha sido, como hemos visto estos días, permitir que este caso de corrupción crezca», ha señalado el portavoz.

Exigencia de dimisiones y auditorías

El PSOE lamenta que el Partido Popular se conforme con el «parche a medias» que suponen las dimisiones de los dos diputados detenidos, mientras mantienen en su puesto a otro diputado que también está siendo investigado en la misma trama. «¿Es que tiene que detenerlo la UCO para que le exijan su dimisión?», ha preguntado el portavoz, exigiendo conocer las razones por las que el alcalde de Tíjola se mantiene con su delegación. El mismo requerimiento se extiende al alcalde de Fines, quien sigue en su cargo local.

Por ello, ante la gravedad de los hechos, el Grupo Socialista ha exigido una «refundación» de la Diputación Provincial, que pasa por una limpieza absoluta y la desaparición de todo lo que huela a los implicados. La principal demanda es auditar todas las áreas de la Diputación, no solo Fomento, para conocer el alcance de los «tentáculos» de la presunta red criminal.

Abrir puertas y ventanas

«Lo que de verdad toca ahora es abrir las puertas y las ventanas, airear esta institución y que desaparezca todo lo que tenga que ver con los que hoy dimiten, con el que dimitió en 2021 y con el que tiene que dimitir», ha sentenciado el portavoz. Además, se ha solicitado formalmente el acceso al contenido completo del Auto judicial y explicaciones sobre el alcance de la investigación y las medidas a tomar para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Sin duda, no parece una casualidad que las sesiones plenarias celebradas hoy no hayan sido emitidas por el canal de Youtube de la Diputación Provincial, hurtando a los almerienses el seguimiento de estos plenos: el de la tramitación del cese en sus cargos y el reclamado por el PSOE para conocer lo ocurrido.

Finalmente, los socialistas han instado a la Diputación a dejar de actuar como «defensores de los investigados» en los procesos judiciales y a posicionarse como ‘acusación particular’ para conseguir el total esclarecimiento de unos hechos que, según ha revelado el abogado del expresidente, se retrotraen hasta 2016.