Hay imágenes que explican mejor un problema que cualquier cifra o estadística. Ver a Maricarmen salir en camilla de la casa en la que había vivido durante 70 años es una de ellas. A pesar de no haber dejado nunca de pagar el alquiler, una decisión judicial la obligó a abandonar el lugar en el que compartió el día a día con sus vecinos y donde sintió la tranquilidad de tener un sitio al que llamar hogar.
Lo ocurrido debería interpelarnos a todos, porque situaciones como esta no aparecen de repente. De hecho, se podría haber evitado si PP, Vox y Junts no hubiesen rechazado hasta en dos ocasiones en el Congreso las medidas planteadas por el Gobierno de España para reforzar la protección frente a los desahucios.
La política, que debe tener como finalidad la defensa del interés general y, muy especialmente, la de las personas vulnerables, tiene que servir precisamente para impedir que ocurran cosas como las que ha tenido que padecer Maricarmen. Y ante eso, podemos afrontar el problema con medidas valientes o ponernos una venda en los ojos y desviar el debate hacia la okupación, como hizo el PP tan solo unas horas después del desahucio.
El acceso a la vivienda es hoy un problema de una enorme magnitud para miles de familias que trabajan, pagan sus impuestos y, aun así, ven cómo comprar o alquilar una casa se ha convertido en una tarea imposible.
En Almería lo estamos viviendo de manera muy evidente. De poco sirve que el PP hable de vivienda protegida si sus precios están fuera del alcance de quienes la necesitan. Que tres de cada cuatro adjudicatarios iniciales de Almería XXI terminen renunciando debería bastar para que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, con su alcaldesa al frente, entendiera que algo no están haciendo bien.
Si miramos a la Junta, Moreno Bonilla lleva ocho años poniéndose de perfil ante un problema en el que tiene plenas competencias, como las tienen Ayuso o el alcalde de Madrid, para quienes Maricarmen no ha sido nadie, tal y como han demostrado con su indiferencia.
El Gobierno de Pedro Sánchez va a seguir trabajando para dar cuanto antes una respuesta a este problema, pero PP y Vox tienen que olvidarse -aunque solo sea para esto- de esa estéril confrontación diaria y aprobar el decreto que el Gobierno elevará de nuevo a las Cortes para frenar estos desalojos. Tenemos la obligación moral y política de evitar que casos como el de Maricarmen vuelvan a repetirse.