Mientras que Moreno Bonilla exime del impuesto sobre el patrimonio a las personas más pudientes de la región, la Andalucía real, la que tiene necesidades y trabaja duro para llegar a final de mes, reclama mejoras, inversiones, ayudas y pide desesperadamente una acción de gobierno desde la Junta de Andalucía.
Moreno Bonilla es el protagonista de una película de serie B titulada ‘El presidente de los ricos’ y con ese guion se fue a Madrid a anunciar su primera medida: la supresión del Impuesto de Patrimonio en Andalucía que tiene un impacto en la recaudación del 0,6% en los presupuestos andaluces y supone un ‘copia y pega’ del modelo Ayuso en la comunidad madrileña.
Cómo explicar algo tan complejo como el mercado energético en el que libremente y para cada hora del día siguiente se vende y se compra, sin intervención del Gobierno, la electricidad entre empresas productoras y comercializadoras. Desentrañar el mecanismo de palancas que mueven un mercado regulado desde 1997 por el Gobierno de Aznar, en aplicación de un acuerdo de la Unión Europea, -algo de lo que se olvida ahora la derecha-, es francamente complicado, salvo que se sea un erudito en estas cuestiones.
Cuesta trabajo entender que en unas circunstancias económicas tan extraordinariamente adversas, el Gobierno andaluz ande esquivando permanentemente su responsabilidad a la hora de arbitrar medidas que alivien la situación por la que están pasando la mayor parte de las familias de Andalucía y, muy especialmente, las de nuestra provincia. Y llama aún más la atención si el espejo donde Moreno Bonilla se puede mirar a diario es en el del Gobierno de España, que no ceja en su empeño de amortiguar los efectos de la guerra de Putin sobre los hogares españoles.
La derecha ha hecho del ruido su estrategia política. Debe entender que, sólo así, puede intentar evitar que la población conozca el trabajo de un gobierno que defiende los intereses de la clase media y trabajadora en nuestro país, como es el Ejecutivo de Pedro Sánchez; un Gobierno que se ha mostrado siempre sensible y al tanto de los problemas de la gente y de sus necesidades tanto en la época más dura de la pandemia como en la actual crisis económica derivada de la invasión de Ucrania.
Las lluvias de la pasada primavera dejaron unos imprevistos recursos hídricos en una provincia, como la nuestra, acostumbrada a ver pasar las nubes de largo en no pocas ocasiones. Aquellas precipitaciones colmataron fuentes, permitieron embalsar agua y aliviaron la situación de los acuíferos. En definitiva, fueron una auténtica tabla de salvación para Almería y, fundamentalmente, para nuestra agricultura, sobre todo si vemos lo que ha venido después: una pertinaz sequía y el aviso de restricciones en algunas provincias andaluzas. No ha sido el caso de nuestra tierra, afortunadamente.
Desde la victoria del PP el 19J se ha instalado la parálisis en el Gobierno de Moreno Bonilla que no ha sido capaz, por ejemplo, de nombrar hasta esta misma semana los delegados provinciales. Sigue el líder del PP y presidente andaluz en su afán de desviar la atención sobre su incapacidad confrontando con el Gobierno de España por lo que sea. Critica y exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez medidas y acciones que, en la mayoría de casos, son competencia también de la Comunidad Autónoma.
El Partido Popular se puede disfrazar tantas veces como quiera de partido con sentido de Estado que tantas otras demostrará que, efectivamente, no lo tiene. De otro modo, no se entiende que haya dado la espalda a la ciudadanía votando sistemáticamente en contra de leyes que apoyan a las clases media y trabajadora, a los estudiantes o las mujeres. Así ocurrió con Casado, -que no apoyó las medidas del Gobierno para hacer frente a la pandemia, se opuso a la reforma laboral, a la subida de las pensiones o al aumento del SMI- y así sigue ocurriendo con Feijóo, que ha votado en contra de las destinadas a atajar la crisis ocasionada por la guerra de Putin.
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