Opinión

El cambio de modelo de la sanidad pública que pretende llevar a cabo el gobierno de Moreno Bonilla ya está en marcha. Y esto no es una opinión, se empezó a gestar hace ya algunos meses a través de un decreto que pretende poner en manos del sector privado la atención primaria, así como las instalaciones y equipamientos públicos pagados con los impuestos de todos los ciudadanos.

En lugar de trabajar, en el PP han decidido hacer ruido con el tema del agua. En este contexto es en el que se enmarca la iniciativa sobre el trasvase Tajo-Segura que los representantes ‘populares’ llevaron al Parlamento de Andalucía esta semana y con la que insistieron en su estrategia de politizar la necesidad de agua de esta provincia, una cuestión en la que, por cierto, todos estamos de acuerdo.

Si la verdad pesara, las palabras de compromiso con Almería que pronuncian cada semana los cargos del Gobierno andaluz se las llevaría el viento. Para disgusto de esta provincia, la propia Junta de Moreno Bonilla se encarga de demostrar una y otra vez, por la vía de los hechos, que los almerienses no le importamos lo más mínimo.

Si la dignidad de una sociedad se mide por cómo trata a sus mayores, España es hoy un país más digno que hace unos años. Nunca, en la historia reciente de nuestro país, los pensionistas habían sido tratados con el respeto que les profesa el Gobierno de Pedro Sánchez y que se ha traducido en hechos concretos como el reciente derecho, recogido en una ley, que garantiza que quien percibe una pensión nunca más va a perder poder adquisitivo. Defender a los mayores no es darles palmaditas en la espalda, sino pensiones dignas y derechos.

Ha tenido que ser un gobierno socialista el que ponga en el mapa de las inversiones a las comarcas del Levante almeriense y el Almanzora, después de la travesía del desierto que supusieron los siete largos años que Mariano Rajoy estuvo tomando decisiones desde La Moncloa. Fueron, aquellos, siete años en los que, por recordar sólo algunos ejemplos, el gobierno del PP tiró a la trituradora los proyectos que existían para el AVE, sacó la línea Caparacena-Baza-Antas de la planificación eléctrica estatal y decretó la parálisis más absoluta en materia hidráulica. Por no hacer, ni siquiera movió un dedo para reparar la desaladora del Bajo Almanzora, después de que se la llevara por delante la riada de 2012.