Durante años, los andaluces hemos defendido con orgullo nuestro sistema público de salud y servicios sociales, conscientes de que representaba una conquista colectiva. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de aquel modelo que garantizaba atención digna y ágil. Con el Gobierno de Juanma Moreno, los servicios públicos han sufrido un deterioro visible en cada trámite, en los pasillos de los hospitales y en los hogares donde la enfermedad o la dependencia reclaman auxilio.
En mi caso, he tenido que esperar cuatro meses para recibir el resultado de una prueba clínica. Cuatro meses de incertidumbre y temor. Afortunadamente fue negativo, pero pienso en quienes afrontan esa espera sin la misma suerte, atrapados en un sistema que se ha rendido a su propia ineficacia.
Mi madre, que pronto cumplirá 88 años, cobra la pensión mínima y sufre un deterioro cognitivo, ha esperado casi dos años para que le revisaran su grado de dependencia. El dictamen de 2023 fue grado cero. Una resolución incomprensible que la dejó desprotegida y que retrata el abandono de tantas personas mayores que, tras toda una vida, se ven obligadas a pedir lo que antes era un derecho. Ahora nos toca esperar dos meses más para conocer el nuevo dictamen.
También lo vive mi vecina, llamada al cribado de cáncer de mama. Nadie supo decirle qué ocurrió con su prueba anterior, y las enfermeras reconocen que apenas disponen de cinco minutos por paciente. Muchas mujeres, hartas de la espera, acuden a clínicas privadas. El principio de igualdad se ha roto: quien puede pagar se adelanta; quien no, se queda atrás.
Estas no son anécdotas, sino síntomas de una política premeditada que desmantela lo público y abre espacio al negocio privado de la salud y los cuidados. No hay excusa para la falta de inversión, la precarización del personal o el abandono de los servicios esenciales.
Basta de discursos vacíos y de promesas incumplidas. Los andaluces no queremos limosnas ni parches, queremos servicios públicos dignos, eficientes y universales. Porque la salud, la atención y la justicia social no se compran, se garantizan. Y si el Gobierno andaluz no está dispuesto a hacerlo, habrá que recordarle que lo público no se vende, se defiende. No es una queja, es un clamor.