Antonio Martínez, senador por el PSOE de Almería
Los senadores y senadoras socialistas de Andalucía hemos firmado un recurso para llevar al Tribunal Constitucional el ‘decretazo 2/2020’ del Gobierno de las derechas de Andalucía (PP, Cs y Vox), que supone un retroceso inaceptable en la protección y conservación ambiental de la región. Este cambio normativo ha puesto en pie de guerra a toda la oposición y a decenas de organizaciones sociales y ecologistas de toda España, que ven en lo aprobado por el Ejecutivo que preside Moreno Bonilla la manera de abrir la mano a la especulación urbanística.
Resulta un auténtico despropósito que, en plena epidemia de coronavirus, sin debate en el Parlamento y con la excusa de una supuesta agilización administrativa, la Junta de Andalucía haya cambiado de una tacada 21 leyes y seis decretos con el único objetivo de reeditar el modelo económico y urbanístico de la etapa de Aznar que desembocó en la brutal crisis de 2008.
En tan sólo diecisiete meses, desde que el 22 de enero de 2019 tomara posesión en Andalucía el ‘gobierno del cambio’…a peor, en nuestra comunidad se ha producido una auténtica involución ambiental. Nadie esperaba que, en este corto espacio de tiempo, las decisiones del trifachito andaluz llegaran tan lejos.
Cualquier breve revisión de las hemerotecas, provincia a provincia, se convierte en un ejercicio reiterativo (las mismas noticias repetidas una y mil veces) y en el mejor indicador de la total ausencia de gestión que caracteriza a la XI legislatura andaluza, donde Partido Popular y Ciudadanos han hecho del autobombo y la propaganda su principal arma de manipulación masiva.
Desde el minuto uno, el Gobierno andaluz sólo se ha dedicado a alimentar un ecopostureo trasnochado a través de lo que han denominado ‘Revolución Verde’, que, en realidad, debería de llamarse ‘Involución Verde’.
Nada sabemos del desarrollo reglamentario e implementación de la Ley Andaluza de Cambio Climático, se acumulan retrasos y más retrasos en la planificación hidrológica (2021-2027) y no existe ni una iniciativa ni una inversión nueva que no sea heredada del anterior gobierno socialista.
Solo con lo sucedido en Almería en materia medioambiental, en poco más de año y medio, sería suficiente para mostrarle la puerta de salida a este gobierno fracasado. La retahíla de la caótica gestión no ha dejado indiferente a nadie: Mortandad masiva de fartet en las Albuferas de Adra, grandes incendios que no se restauran, intentos de extracción de aguas sobre masas protegidas en Alcóntar o los anuncios de actuaciones que no se ejecutan en los ríos Antas y Adra. A todo esto hay que sumar el abandono absoluto de los órganos de participación y de la inversión en los espacios naturales y la última – que ha sido como la guinda de este incomible pastel-, la autorización de un hotel, resort de 4 estrellas, en Genoveses, frente a la cual ya han firmado en contra ni más ni menos que doscientas mil personas. Esta era la verdadera revolución verde de Moreno Bonilla, enladrillar el parque natural Cabo de Gata-Níjar y abrir la puerta a otros proyectos similares en los espacios protegidos de Andalucía.
Desgraciadamente, en nuestra comunidad vamos a contracorriente del Medio Ambiente. A contracorriente de la senda marcada por las instituciones europeas y por el Gobierno de España, que se ha puesto como prioridad una reconstrucción económica que vele por nuestra salud y la del planeta, haciendo de la Agenda 2030 una hoja de ruta de país para afrontar los retos actuales y contribuir a un desarrollo compartido y sostenible a nivel global.