Martín Gerez Clemente, secretario de Economía de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería
El ‘moderado’ Moreno Bonilla se ha apuntado al populismo ultra de Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez, originando un efecto dominó con algunos correligionarios. Solo así se entiende su decisión de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio en contra del sentido común y de los intereses de todo el país.
El FMI, la UE e infinidad de expertos vienen recomendando lo contrario: no a las bajadas de impuestos, sí a las ayudas directas a las familias que más lo necesiten. En definitiva, en época de crisis hacen falta estados fuertes que no dejen a nadie atrás, y de ahí la respuesta que están dando el Gobierno de la Nación e incluso de otros gobiernos autonómicos progresistas: sí a la redistribución de las cargas fiscales, no a la rebajas a los más adinerados.
Con la supresión de Patrimonio, en torno a 900 personas en Almería se van a ahorrar, en total, en torno a 6,5 millones de euros en impuestos. En Andalucía, los declarantes por este impuesto son aproximadamente 19.000, con una recaudación en 2021 de 109 millones de euros.
Para hablar de este tema es importante recordar también algunas cifras del sistema de financiación de las comunidades autónomas en 2020 y su propio funcionamiento. El grueso lo constituye la cesión por el Estado del 50% del IRPF y del IVA que recauda en cada comunidad, lo que supone, en principio, que a mayor nivel de renta por habitante, mayores ingresos para cada territorio. No obstante, de esa recaudación cedida, solo el 25% se lo reserva directamente cada comunidad, el 75% restante se incluye en un fondo común junto con otras aportaciones del Gobierno de la nación. Esta partida se reparte posteriormente a las propias autonomías, pero ya de forma ponderada por diversas variables: edad de la población, tamaño de sus grupos quinquenales de edad, dispersión regional, etc.
Con el sistema actual, y con un PIB per capita de sólo el 75% de la media nacional, Andalucía es una de las comunidades más perjudicadas, debido también a la mayor juventud de su población. De hecho, su financiación por habitante es sólo del 95% de la media, mientras que en Cataluña y Madrid es del 100% y en otras comunidades llegan hasta el 123% o el 112% (Cantabria y La Rioja, respectivamente). Sin duda, el sistema debe cambiar y hacerlo más directo a las cifras totales de población y menos dependiente del PIB regional, pero hemos de ser realistas. Es un método de reparto que, “simplificando”, siempre suma 100 y nadie estará dispuesto a perder su cuota actual para que otras mejoren.
Aun así, nuestra comunidad recibe más de lo que aporta. Basta decir que, con una recaudación teórica territorializada en 2020 de 15.924 millones de euros, recibió 19.776 millones (casi 4.000 millones más). Por el contrario, Cataluña, con una recaudación teórica de 21.624 millones, recibió 18.655 millones y Madrid, con 22.691 millones también de recaudación teórica, recibió 16.851 millones.
Sin duda es necesaria una mayor armonización de las tarifas y de los propios impuestos, porque quienes pagan los impuestos no son los territorios, somos los ciudadanos y debemos hacerlo de acuerdo a nuestra renta y nuestro patrimonio personal, no en función del territorio donde vivimos. Además, todos tenemos el derecho a los mismos servicios públicos vivamos donde vivamos, y no a los que un sistema de financiación territorial injusto y desfasado nos ofrezca.
Por todo ello, es más fácil explicar que a Moreno Bonilla le gusta ir a la contra de lo que España necesita, pero es muy difícil entender qué gana Andalucía con esa política de competitividad y con qué fuerza moral se sentará el Gobierno andaluz del PP a negociar con otras comunidades un futuro sistema de financiación autonómico. ¿Acaso espera que entiendan la solidaridad interterritorial para hacerle competencia fiscal?