Martín Gerez Clemente, Secretario de Economía de la Ejecutiva PSOE de Almería
Cómo explicar algo tan complejo como el mercado energético en el que libremente y para cada hora del día siguiente se vende y se compra, sin intervención del Gobierno, la electricidad entre empresas productoras y comercializadoras. Desentrañar el mecanismo de palancas que mueven un mercado regulado desde 1997 por el Gobierno de Aznar, en aplicación de un acuerdo de la Unión Europea, -algo de lo que se olvida ahora la derecha-, es francamente complicado, salvo que se sea un erudito en estas cuestiones.
Por eso, creo que más fácil entenderlo que explicarlo, porque se pueden comparar las diferencias que actualmente hay entre lo que pagan los consumidores del resto de países europeos y lo que estamos pagando los españoles desde el mes de junio en el que comenzó la conocida ‘excepción ibérica’. La realidad, pese a todo, es que la luz ha sido más cara en agosto que en junio, incluso con el tope al gas, eso no tiene discusión, pero también es muy cierto que sin el tope al gas el precio de la electricidad, según la OCU, habría sido un 22% mayor.
Llegados a este punto, conviene recordar que el coste de producción de la electricidad sube en la misma proporción que lo hace el gas en los mercados internacionales y no es el Gobierno quien lo compra, sino las empresas privadas productoras. El Gobierno centra sus esfuerzos, y no son pocos, para evitar que su disparatado precio se contagie a todas las demás energías eléctricas producidas (nuclear, eólica, hidroeléctrica, solar, etc.), que teniendo un coste variable de producción infinitamente más bajo, reciben como precio de venta el que se acuerda para la energía más cara de producir para cada hora, que habitualmente es el gas.
Se necesitan 1,82 MWh de gas para producir 1 MW de electricidad; por tanto, es sencillo calcular el coste de la energía eléctrica producida conociendo su coste, al que también hay que hay sumarle el de los derechos de emisión de CO2, a razón de 580 kg por MWh de electricidad. Y para ilustrar el impacto, basta decir que hace un año el gas cotizaba (en el MIBGAS) a 65,50 €/MWh y en agosto pasado llegó a los 240 euros; o que los precios de los derechos de emisión de CO2 han cotizado (en el SENDECO2) en agosto pasado a una media de 87,13 euros por tonelada, y un año antes lo hacían a 56,53 euros.
Además, nuestro país forma parte de la Unión europea (afortunadamente) y tiene que aceptar las reglas de funcionamiento de los mercados de bienes y servicios que se acuerdan entre los países socios. Unas reglas que regulan la máxima libertad de los mismos, por tanto sometidos a la libre competencia y con muy poca o nula intervención estatal. Y es por ello por lo que el ‘tope al gas’, se denomina ‘excepción ibérica’, porque supone una cierta modificación temporal de sus reglas sólo para España y Portugal, y es resultado del esfuerzo diplomático y negociador conjunto de los dos gobiernos para convencer a sus socios.
Pero incluso esta excepción tiene sus propias limitaciones, ya que deben ser los propios consumidores beneficiados por la rebaja quienes compensen del sobrecoste a las empresas generadoras que utilizan el gas y no el Estado, puesto que si así fuera la UE lo consideraría una ayuda pública, algo que está terminantemente prohibido. Así, primero se calcula el precio del mercado mayorista con el tope del precio del gas (actualmente 40 euros por MWh), y luego se le suma la compensación que se hace sólo a las generadoras eléctricas del ciclo combinado y del carbón. Obviamente, no es igual que todas las energías se paguen al precio más caro (sin el tope) a que sólo se haga a las que en términos de media aportan sólo en torno al 20% del total de la energía vendida.
En las cuestiones en las que el Gobierno puede intervenir para “contener” o “rebajar” el precio lo ha hecho contundentemente: ha rebajado el IVA desde el 21% que estableció Rajoy hasta el 5% y ha rebajado considerablemente el resto de impuestos que gravan la generación y el consumo de electricidad y ha ampliado el bono social al que pueden acogerse las familias más vulnerables.
En definitiva, el Gobierno ha hecho, y seguirá haciendo, todo lo que ha podido para contener el impacto sobre la economía familiar del incremento exagerado del coste de la electricidad, provocado sin duda por unas reglas que regulan el mercado mayorista impuestas por la Unión europea que seguro fueron eficientes en otros momentos pero que actualmente requieren su revisión, por el exagerado precio del gas a causa de una demanda mundial cada vez mayor y de la cruel invasión rusa de Ucrania, y por el costo de los derechos de emisión de CO2 que derivan de los estratégicos acuerdos internacionales adoptados para luchar contra el cambio climático.
El presidente Pedro Sánchez ha afirmado varias veces que seguirá tomando decisiones, dentro del marco europeo en el que estamos, para seguir apoyando a las familias y empresas contra la vorágine de los precios de la energía, y también la propia Unión Europea está en la misma línea de nuestro Gobierno, por tanto debemos confiar en los resultados de todas esas iniciativas, y de paso pedirle al PP que recuerde sus decisiones cuando gobernó, y que colabore y se deje de demagogia barata populista, que incluso choca con las decisiones de sus partidos homólogos europeos.