Los socialistas recuerdan que deberá abandonar también el cargo que ostenta de asesor del Partido Popular en la Diputación de Almería
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lucainena de las Torres ha exigido la dimisión “inmediata” del alcalde, Juan Herrera, tras conocer la sentencia “firme y contundente” que lo inhabilita durante tres años a cargo público por negarle información a la oposición. Además, los socialistas esperan que haga lo propio con el resto de cargos que ostenta en los distintos entes de la provincia.
“Ante esta sentencia, el alcalde no tiene otra salida que abandonar el Ayuntamiento de Lucainena de forma inminente; una persona condenada por un tribunal no puede ni debe representar a los vecinos y vecinas de nuestro municipio”, subraya el portavoz socialista, Salvador Rivas. Así mismo, Rivas asegura que “se ha puesto de manifiesto lo que el PSOE llevaba años denunciando, la negligencia y el boicot que ha estado sufriendo el Partido Socialista en su labor fiscalizadora del Consistorio durante años”.
Los socialistas aclaran que Juan Herrera, además de alcalde del Partido Popular en el municipio de Lucainena, acumula los cargos de presidente de la Mancomunidad de Municipios del Interior, vicepresidente del Consorcio del Sector II de Recogida de Basuras, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla y asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Almería. “Herrera acumula hasta cinco cargos públicos de los que también deberá dimitir”, precisan desde el PSOE.
Al hilo de esto, los socialistas le reclaman al presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat que “no debe dejar ni un segundo más que un miembro de su propio partido, con una sentencia que confirma su mala praxis en el ejercicio de su cargo, siga desempeñando la labor de asesor en la Administración supramunicipal”.
Sentencia
La sentencia El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a tres años de inhabilitación para empleo o cargo público al alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, por un delito contra los derechos cívicos al considerar que ha venido denegando, consciente y deliberadamente información a la oposición relativa al funcionamiento del Ayuntamiento durante varios meses de 2013 y 2014 sobre determinados asuntos como la adjudicación de un chiringuito en la piscina municipal, el contrato de los socorristas o el uso de la tarjetas de crédito del Ayuntamiento, entre otros.