Hay semanas en las que uno regresa del Congreso de los Diputados con la sensación de que el ruido acaba ocupando demasiado espacio. La confrontación permanente, los discursos pensados para el titular fácil o los intentos de convertir cada sesión en un espectáculo hacen que, a veces, resulte difícil explicar a la ciudadanía el enorme trabajo que también se desarrolla entre las paredes del Parlamento.
Sin embargo, hay días que recuerdan por qué merece la pena seguir creyendo en la política útil. El pasado 11 de junio fue uno de ellos.
A propuesta del PSOE, el Congreso aprobó dos reivindicaciones históricas de miles de trabajadores y profesionales de nuestro país. Dos medidas largamente esperadas y que, por fin, encontraron respuesta.
La primera reconoce a los funcionarios y funcionarias de prisiones como agentes de la autoridad. Un avance que refuerza su protección, mejora su seguridad jurídica y reconoce el valor de una labor imprescindible para el funcionamiento de nuestro sistema penitenciario. Más de 21.000 profesionales en España, cerca de 400 en la provincia de Almería, se beneficiarán de esta medida.
La segunda permitirá a mutualistas de profesiones como la arquitectura, la abogacía o la medicina incorporarse voluntariamente al régimen de trabajadores autónomos sin perder las aportaciones realizadas durante años a sus mutualidades. Una reivindicación histórica que afecta a más de 120.000 personas y que aporta seguridad y tranquilidad a miles de profesionales.
Son decisiones concretas que mejoran la vida de la gente. Y ese debería ser siempre el principal objetivo de la política.
Por desgracia, no siempre es eso lo que ocupa el centro del debate público. Con demasiada frecuencia asistimos a estrategias diseñadas para alimentar una sensación de caos que poco tiene que ver con la realidad del país. Especialmente durante las sesiones de control al Gobierno, algunos grupos parecen más preocupados por sembrar dudas que por aportar soluciones.
Sin embargo, mientras el ruido intenta imponerse, España continúa avanzando. Nuestro país supera los veintidós millones de afiliados a la Seguridad Social, mantiene uno de los mayores ritmos de crecimiento de Europa y sigue respondiendo desde las instituciones a demandas legítimas de colectivos sociales y profesionales. Por eso conviene reivindicar jornadas como la del pasado 11 de junio. Porque detrás de cada ley aprobada, de cada derecho reconocido y de cada reivindicación atendida hay miles de personas que ven mejorar sus condiciones de vida.