Critican que se pretenda obligar a los pueblos a asumir parte de la deuda de la empresa, cuando la Diputación no ha invertido lo que le corresponde por poseer el 51% del accionariado
Los ayuntamientos socialistas del Almanzora y el Levante que son accionistas de Galasa o mantienen acuerdos de colaboración con esta empresa pública van a dar un paso adelante para intentar impedir la modificación de los estatutos que pretende realizar el equipo de gobierno de la Diputación Provincial. La secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, ha advertido de que la modificación que quiere impulsar la Diputación es “un despropósito” y resulta “lesiva para los intereses de los ayuntamientos y de los propios ciudadanos”, por lo que el PSOE no será “aliado de este atropello”.
En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Almería, Juan Antonio Lorenzo, y alcaldes y portavoces socialistas de algunos de los municipios afectados, Adela Segura ha adelantado que, en los próximos días, los ayuntamientos gobernados por el PSOE adoptarán acuerdos en Pleno en los que “se aceptarán las modificaciones de los estatutos que sean estrictamente necesarias para adaptarse a la ley, pero no aquellas otras que sean innecesarias y resulten, además, dañinas para los municipios”.
Entre esos cambios que pretende realizar la Diputación Provincial y que encontrarán el rechazo “frontal” de los ayuntamientos del PSOE se encuentra el de obligar a todos los municipios que mantengan relaciones con Galasa a hacerse accionistas, lo que les obligaría a asumir como propia parte de la deuda de 37 millones de euros que tiene la empresa pública. Segura ha criticado esta pretensión, que se produce, además, “cuando el equipo de Gobierno del PP en la Diputación, no ha invertido lo que le corresponde por poseer el 51% del accionariado”.
Según ha denunciado Adela Segura, la Diputación también pretende obligar a todos los accionistas de Galasa a que contraten con la empresa pública la prestación del servicio de suministro de agua, rescindiendo los contratos que actualmente tengan en vigor con sus empresas suministradoras, “lo que significa que tendrían que hacer frente a indemnizaciones millonarias”.
Asimismo, la propuesta de la Diputación también contempla que los ayuntamientos “renuncien a su competencia para fijar las tarifas de agua potable, cediéndole esta potestad a la Diputación de manera indefinida”. Desde el PSOE advierten de que este posicionamiento “atenta contra el principio de autonomía local, al usurparles a los ayuntamientos una de las pocas competencias que les quedaban después de la Reforma Local de Montoro”.
En este punto, Adela Segura ha criticado que la propuesta de tarifas realizada por la Diputación cometa “atropellos” como “repercutir la deuda de Galasa a todos los municipios, con independencia de que sean accionistas o no, y saltándose además la obligación legal de fijar esas tarifas en función de lo que cueste el servicio, algo que aquí no se da porque no se han realizado estudios de costes pueblo por pueblo y porque se está intentando repercutir la deuda en las facturas”. Como consecuencia, “algunos pueblos del Levante podrían sufrir un encarecimiento del agua de hasta un 44% con un consumo de 25 metros cúbicos; e incluso, sin consumo ninguno, la tarifa subiría un 28%”, según ha advertido la responsable del PSOE.
“Los socialistas estamos de acuerdo en que se adapte el precio del agua al coste real del servicio, pero para ello hay que hacer estudios de costes y analizar pueblo a pueblo cuál es la situación real, porque lo contrario sería ir al margen de la ley”, ha dicho Segura. La responsable socialista también ha recordado que el PSOE está dispuesto a “sentarse para ver cuál es la deuda que tiene Galasa y cómo se elimina, pero sin dañar a los municipios, respetando la legalidad y abordando este asunto con responsabilidad y con rigor”.