
La diputada socialista recuerda que el Gobierno de España ha aumentado la financiación estatal del sistema de dependencia un 150% desde 2019
La diputada nacional por el PSOE de Almería, Inés Plaza García, ha clamado contra la gestión del Partido Popular en la Junta de Andalucía en materia de dependencia y la considera inaceptable. Actualmente, en la provincia, según ha revelado hay 5.252 personas que han solicitado beneficiarse de este derecho y que no han recibido aún una respuesta por parte del Ejecutivo de Moreno Bonilla. En la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados ha puesto sobre la mesa que, en Andalucía, en general, una persona con dependencia “tiene que esperar de media 600 días para que se le reconozca el derecho”. “Hay 47.000 personas en lista de espera en la actualidad y sólo en 2023 murieron más de 4.000 andaluces y andaluzas sin haber recibido su prestación” y, en Almería, ha añadido, “se han perdido más de 1.300 beneficiarios en solo 9 meses”.
“Lo que ocurre en Andalucía no es una cuestión técnica, es una injusticia estructural”, ha lamentado la representante socialista quien ha afeado a Moreno Bonilla sus constantes mentiras en materia de dependencia. “Prometió que nadie esperaría más de 6 meses cuando les está obligando a aguardar hasta 20 meses”, ha denunciado y ha recordado que hasta el Defensor del Pueblo Andaluz, en una “dura resolución” se ha unido al coro de voces que exigen a la Junta de Andalucía que ponga fin a esta situación. “En Andalucía necesitamos mecanismos de garantía, porque cuando la Ley de Dependencia la gestionan gobiernos como el de Moreno Bonilla, que ha dejado más que demostrado que no cree en esta normativa, el esfuerzo del Gobierno de España y el de todos y todas, se diluye”, ha pedido a la secretaria de Estado de Derechos Sociales en su comparecencia en la comisión.
Para Inés Plaza es “incomprensible” lo que está sucediendo en Andalucía con la gestión de la dependencia por parte del Partido Popular teniendo en cuenta que el Gobierno de España ha aumentado en un 150% la financiación estatal del sistema de dependencia desde 2019, pasando de 1.300 millones a más de 3.400 en 2024. “Y Andalucía es, objetivamente, una de las comunidades más beneficiadas, con más del 37% del gasto total cubierto por el Estado, el porcentaje más alto del país”, ha subrayado la diputada socialista quien ha exigido a la Junta que esta financiación se traduzca en “derechos efectivos para los andaluces y las andaluzas”.
“Mientras el Gobierno de España hace su parte al reforzar el nivel mínimo, impulsar el nivel acordado, financiar cotizaciones de cuidadores y lanzar planes de choque, la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla no deja de incumplir, de recortar, ralentizar y castigar” a las y los beneficiarios de la Ley de Dependencia y a sus familias.
Reconocimiento de la discapacidad
Por otro lado, Inés Plaza también se ha referido al “retraso” de la Junta de Andalucía en el reconocimiento del grado de discapacidad, siendo una “de las grandes injusticias silenciosas” del sistema de derechos sociales de la comunidad autónoma porque “cuando el diagnóstico llega tarde, los derechos también llegan tarde. Y eso tiene un coste enorme en la vida de miles de personas”.
Mientras que el Gobierno de España “simplifica trámites, impulsa sistemas más ágiles y, sobre todo, vincula automáticamente el reconocimiento del 33% de discapacidad a quienes ya tienen una dependencia acreditada” el Ejecutivo de Moreno Bonilla “no refuerza los equipos técnicos, no amplía recursos y, lo peor, no tiene voluntad política”. Ante estos hechos, ha añadido, “las personas esperan meses o incluso más de un año para obtener una resolución que debería ser el primer paso para acceder a derechos”.
Inés Plaza ha reprochado al Ejecutivo andaluz del PP que “esconda” las listas de espera para el reconocimiento del grado de discapacidad “porque no las publica”. Sin embargo, ha revelado que “hay familias esperando hasta 18 meses para una valoración y otras aguardan la revisión de grado; algo imprescindible para acceder a recursos, prestaciones o adaptaciones escolares”.