El Grupo Socialista promueve garantías de protección ambiental y social en el desarrollo de las energías renovables

El parlamentario por Málaga José Luis Ruiz Espejo defiende una moción que insta, con su aprobación en Pleno, al Gobierno de Moreno Bonilla a garantizar una planificación y diseño de proyectos de sostenibilidad energética en la comunidad

 El Grupo Socialista promueve garantías medioambientales, sociales y de sostenibilidad sobre el territorio en el desarrollo de energías renovables en la comunidad en una moción parlamentaria defendida en Pleno por el parlamentario autonómico por Málaga José Luis Ruiz Espejo, y en la que ha aprobado el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz elabore una planificación y diseño de los proyectos de energías renovables en Andalucía, que oriente su ubicación, facilite los desarrollo locales y evite su concentración e impactos irreversibles en el mismo territorio.

En sesión plenaria, a la que han acudido responsables locales de municipios malagueños del Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves, Ruiz Espejo ha subrayado el compromiso del PSOE de Andalucía ante el cambio climático y por una transición energética justa basada en máxima eficiencia, electrificación y renovables, y ha incidido en que el desarrollo de estas nuevas energías renovables tiene que contemplar “el respeto a las exigencias medioambientales y sociales y de manera sostenible en el territorio”.

El representante socialista ha señalado los “riesgos que todo desarrollo desenfrenado puede comportar, que nos están señalando desde distintos territorios y que consideramos que podemos y debemos evitar”. Ha defendido la “oportunidad para Andalucía” que representan las energías renovables, apuntando que llegada de fondos europeos “ha acelerado el interés de grandes grupos de inversión que en muchos casos poco o nada tienen que ver con el sector energético”

Ante esta situación, Ruiz Espejo ha abogado por reforzar desde la comunidad autónoma los mecanismos que aseguren “el máximo respeto y equilibrio entre las necesidades energéticas y los valores ambientales y sociales”. “Somos conscientes de la emergencia climática y del beneficio global que pueden suponer las energías renovables, pero también lo somos de la crisis de biodiversidad, así que nuestra apuesta es por una transición justa, basada en la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo, una transición sostenible que ponga la defensa del territorio y su biodiversidad en el centro de sus políticas”, ha recalcado.

Con estos objetivos, el Grupo Socialista promueve en su moción parlamentaria que el Gobierno andaluz establezca un mecanismo de coordinación reforzada entre consejerías competencias en renovables para analizar proyectos que requieran autorización autonómica, cuya creación ha sido rechazada por PP, Cs y Vox.

La iniciativa socialista persigue, especialmente, la implicación de los ayuntamientos proponiendo que la Junta incluya la participación local “directamente o a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)” en los trabajos de elaboración de guías y mapas de análisis de ubicación de proyectos de energías renovables con condicionamientos ambientales, una propuesta de nuevo bloqueada por los grupos que sostienen al Gobierno de la Junta. El mismo rechazo han dado a la puesta en marcha de una mesa de trabajo junto a la FAMP para “explorar y buscar soluciones que eviten la implantación masiva y sin control de parques energéticos renovables en trámite o en estudio y se apueste por una implantación ordenada, eficiente, respetuosa y consensuada con los municipios”.

Sí se ha aprobado en Pleno el apoyo expreso del Parlamento a las alegaciones y trámites administrativos para el cambio en el trazado de las líneas de evacuación y ubicación de las estaciones subeléctricas o plantas de energías renovables de las comarcas que afectan a propiedades agrícolas “cuya expropiación amenazaría la generación de empleo y riqueza”.

El Gobierno de la Junta también tendrá, por mandato parlamentario, que adoptar medidas y cambios normativos para favorecer las instalaciones de autoconsumo de renovables aprovechando “los 450 millones de euros” previstos por el Ejecutivo de España, fomentando también dichas instalaciones en pymes y empresas y la investigación y desarrollo de tecnologías de almacenamiento energético.

Impulsar la ubicación de las placas fotovoltaicas en cubiertas en espacios urbanos, industriales y equipamientos públicos es otro mandato parlamentario impulsado por el PSOE y aprobado en Pleno, mientras PP y Cs han rechazado con Vox que el Gobierno andaluz tenga que abordar “estudios técnicos rigurosos” sobre el impacto local de proyectos de instalaciones fotovoltaicas y que la Junta dialogue con municipios interesados en una moratoria en las autorizaciones para la instalación de energías renovables en estudio.