“Ceuta no se vende por un puñado de votos azuzando el odio y sembrando mentiras”, censura a la derecha y a la ultraderecha la diputada canaria Dolores Corujo que asevera que “Ceuta no está sola porque tiene al Gobierno de España a su lado con medidas como las que hoy aprobamos”
“Hablamos de autonomía personal, de vida independiente, de asistencia personal, de compatibilidad de prestaciones y servicios, de apoyos que acompañen a la persona y no sustituyan su voluntad”, incide la portavoz de Derechos Sociales, Inés Plaza
El Pleno del Congreso ha convalidado hoy el Real Decreto por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta y ha dado luz verde definitiva a la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que amplía y refuerza derechos a estos colectivos, tras el debate de las enmiendas remitidas por el Senado.
Con ello, son ya 77 las iniciativas legislativas aprobadas y publicadas en el BOE en lo que va de legislatura, a lo que hay que sumar otras 40 iniciativas en tramitación parlamentaria.
Ceuta no está sola
“Ceuta no necesita ni mentiras, ni odio”, ha reprochado al PP y Vox la diputada socialista por Las Palmas Dolores Corujo. El pueblo ceutí “necesita solidaridad acogiendo a los menores que saturan su sistema de acogida y necesita lealtad institucional por parte de sus dirigentes, para que aúnen esfuerzos con el Gobierno de España por el bien de su población”, ha desarrollado durante su intervención desde tribuna. Para la socialista, mostrar la cercanía y la solidaridad con la ciudad autónoma se demuestra con gestos como “el voto a favor de la convalidación de este Real Decreto”. Y ha rematado el reproche a la actitud de las derechas durante estas semanas espetándoles que “Ceuta no se vende por un puñado de votos azuzando el odio y sembrando mentiras”.
La diputada ha valorado el esfuerzo del Gobierno que preside Pedro Sánchez con la población ceutí y su tejido socioeconómico. “Ceuta no está sola porque tiene al Gobierno de España a su lado con medidas como las que hoy proponemos”, ha concluido. Ha destacado, además, que estamos ante una situación sin precedentes que ha alterado de manera sustancial la vida de la población de Ceuta, ha puesto el foco en que “este Gobierno se ha volcado en tomar las medidas adecuadas no solo para restituir la normalidad, sino para acompañar a nuestros compatriotas ceutíes durante ese tránsito”.
Más de 300 millones de euros en un plan integral para Ceuta
En su intervención, la diputada por Las Palmas ha asegurado “se trata de responder a la situación de Ceuta en tres líneas muy claras: el reforzamiento de los servicios públicos, el apoyo a las empresas y a la actividad económica y la protección del empleo, como ya sucediera durante la covid-19”.
Este plan integral movilizará 309 millones de euros en los cuatro meses que quedan de 2026 para responder a las necesidades de los ceutíes y dinamizar la economía de la ciudad, cifra equivalente al 16% del Producto Interior Bruto de la ciudad autónoma. Este plan de choque tiene cuatro ejes: refuerzo de los servicios esenciales (21 millones de euros), refuerzo en materia de seguridad (90 millones), acogida humanitaria (118 millones) y apoyo a la actividad económica (80 millones).
Es un paso más que se suma al compromiso del Estado con la Ciudad Autónoma recogido en el Plan Integral Socioeconómico de 2022, fruto de la colaboración con el gobierno ceutí.
En materia de justicia, se destina una inversión de 4,5 millones de euros para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados y funcionarios para la agilización de los expedientes y asistencia jurídica gratuita.
Para reforzar la sanidad pública se generan 100 nuevos profesionales sanitarios del INGESA, tanto para la atención primaria como hospitalaria, con 3,5 millones de euros.
En educación se refuerza la seguridad de los centros docentes y se aprueban actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa, con una inversión de 3,2 millones de euros.
Prevé también más fondos para seguridad con 90 millones de euros que reflejan el esfuerzo securitario, con el despliegue extraordinario de la Policía Nacional en distintas áreas, y el refuerzo de la Guardia Civil, de sus unidades territoriales y fiscales con la incorporación extraordinaria de efectivos.
Se aumentan los recursos necesarios para el alojamiento y la atención básica de las personas migrantes (alimentación, salubridad, seguridad, acompañamiento, traducción e interpretación y atención médica), con 53,4 millones de euros y especial atención a la infancia, de forma que el gobierno de la Ceuta recibirá 63,6 millones de euros adicionales para reforzar la capacidad de acogida y los recursos disponibles de los menores migrantes no acompañados, que se suman a los 25 millones de euros ya aprobados.
Otro flanco prioritario es el apoyo a la actividad económica para empresas y trabajadores con 80 millones de euros entre ayudas directas, apoyo al comercio, medidas fiscales y cotizaciones. Se incluyen ayudas directas por más de 50 millones de euros: 36,6 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos, que prevé unos 5.000 euros por cada autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, que podría beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas. También se activa una línea de avales por cuenta del Estado de 50 millones de euros, gestionada por el ICO. Y en materia fiscal, se aumenta la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para empresas residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y trabajadores en las ciudades autónomas. Y los autónomos dispondrán de mejores condiciones para su tributación en el IRPF, lo supone un ahorro de 12 millones de euros al año por ciudad.
Además, establece nuevas medidas laborales y alivio en cotizaciones como beneficios de exenciones en cuotas a la Seguridad Social de las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y se vean obligadas a recurrir a ERTE. Se crea una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos y la posibilidad de aplazamientos en los pagos a intereses mínimos. Además, la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social aumenta del 50% actual hasta el 75% para trabajadores con contrato indefinido y siempre que desarrollen actividades formativas.
Más derechos para las personas con discapacidad y dependencia
Por otro lado, la Cámara Baja también ha dado luz verde definitiva al Proyecto de Ley para reformar dos normas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
“Con esta reforma se pone el foco en la persona y se le pregunta qué vida quiere llevar. Dónde quiere vivir y qué apoyos necesita”, ha resaltado en su intervención la ponente socialista y portavoz de Derechos Sociales, Inés Plaza.
Esta ley amplía y refuerza los servicios y prestaciones de los dependientes y personas con discapacidad, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación. Además, apuesta por mejorar la dignidad, la autonomía personal y la accesibilidad e incrementa la financiación al sistema de atención a la dependencia permitiendo con ello ampliar también la financiación a las CCAA para robustecer sus servicios, mejorar la cartera de prestaciones y reducir las listas de espera. Así, las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales durante el periodo comprendido entre 2026 y 2027. El Estado pasa a financiar el 50% del sistema de dependencia.
Asimismo, se eliminan las restricciones que impedían la combinación de determinadas prestaciones y se reconoce de forma automática el grado de discapacidad a partir de la acreditación del grado de dependencia.
Se incorpora la figura del asistente personal para potenciar la vida independiente de los beneficiarios; se refuerza la protección de las y los cuidadores principales y se avanza en medidas de conciliación. Asimismo, se blindan derechos esenciales como la cotización a la Seguridad Social.
De otro lado, se integran de manera transversal los principios de igualdad de trato, perspectiva de género y enfoque interseccional en la Ley de Dependencia y se amplía la salvaguarda frente a la discriminación para las mujeres y las niñas y niños con discapacidad.
Por todas estas razones, “hablamos de autonomía personal, de vida independiente, de asistencia personal, de compatibilidad de prestaciones y servicios, de apoyos que acompañen a la persona y no sustituyan su voluntad”, ha incidido la diputada almeriense.
“Porque detrás de muchas personas en situación de dependencia hay muchas madres, hijas o hermanas que dedican su vida a cuidar y esta ley las reconoce y las hace visibles”, ha remachado Inés Plaza.
La falta de respeto de la derecha y la ultraderecha
“El Partido Popular se negó a negociar, a participar en la Ponencia, en la Comisión retiraron sus enmiendas y en el Pleno se abstuvieron”, ha recriminado la ponente al PP.
Sin embargo, “cuando llega la ley al Senado utilizan su mayoría absoluta para intentar darle la vuelta como a un calcetín y, en unas semanas, deshacer el trabajo de meses”, ha añadido la parlamentaria, para después criticar su “falta de respeto a esta Cámara y a tantas organizaciones que nos han acompañado en el proceso”. “Señorías del Partido Popular, dejen de utilizar el Senado como si fuera su cortijo”, les ha espetado.
“Han querido poner en peligro la educación inclusiva con modificaciones para segregar a los niños y las niñas con discapacidad”, ha lamentado.
“Están pidiendo expresamente que no entre en vigor la pasarela para que una persona que tiene reconocida la dependencia obtenga automáticamente el grado de discapacidad hasta el siguiente ejercicio presupuestario. ¿De verdad pretenden que estos derechos se queden en un cajón?”, ha concluido Inés Plaza.