Quienes nos dedicamos a la política, ya sea desde el Gobierno o desde la oposición, deberíamos guiarnos por el principio básico de promover el bienestar y el progreso de la ciudadanía. Esta idea adquiere especial relevancia en los pequeños municipios, que corren el riesgo de perder población si no somos capaces de mantener servicios y generar oportunidades.
Las personas que asumimos responsabilidades públicas tenemos también la obligación de informar con rigor a nuestros vecinos y vecinas, sin distorsionar la realidad ni generar confusión. Por eso considero necesario explicar lo que está ocurriendo con una de las inversiones más importantes realizadas en Serón durante los últimos años.
En 2017, el Ayuntamiento impulsó un proyecto para construir una residencia destinada a personas con discapacidad en situación de dependencia. La iniciativa contó con el asesoramiento de la entonces Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Fruto de ese trabajo nació la Residencia de Adultos con Centro Ocupacional (RACO), dotada con 30 plazas y concebida como un recurso prioritario para la atención a las personas en situación de dependencia. A finales de 2024, la residencia estaba terminada, equipada y preparada para abrir sus puertas.
La construcción del centro ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros y su apertura no solo supondría un alivio para las personas que necesitan estos recursos, sino que también permitirá crear una veintena de empleos directos.
Sin embargo, la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en servicios sociales especializados y debe concertar las plazas para que el centro pueda funcionar, nos comunica ahora que para este perfil de usuarios no existe demanda suficiente. Una explicación difícil de entender cuando la provincia tiene un déficit de más de 2.300 plazas residenciales, la espera media de las personas dependientes alcanza los 500 días y la propia Junta ha subvencionado con fondos europeos la construcción de otros centros similares en municipios cercanos. ¿Cuál es el problema, entonces, para que la Junta no se implique también en Serón?
Es necesario que el Gobierno andaluz abandone una actitud que nadie entiende en nuestro pueblo y que parece responder más a una confrontación partidista e injustificada que al interés general. Porque, por encima de todo, debe prevalecer el futuro de Serón y el de nuestros vecinos y vecinas.