Martín Gerez. Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Vera
Ha pasado poco más de un mes desde que el equipo de gobierno del PP convocara de manera urgente ─tan urgente como para recibir la convocatoria pasadas las nueve de la noche del 23 de junio y ser citado para la mañana siguiente─ un Pleno para apuntarse un tanto que, finalmente, ha derivado en incompetencia y embrollo. Esa premura del alcalde y su equipo invitaba a pensar que estuviera provocada por una situación de emergencia sobrevenida, y que requería una decisión transcendental e ineludible para la vida municipal. Pero, ¡oh decepción!, solo se trataba de solucionar el resultado de su desidia en la ‘operación Espíritu Santo’. Una desidia, por otra parte, que no se compadece, o no debería, con los 3.000 o 3.500 euros al mes que cobran los miembros del equipo de gobierno, que seguro no habrán teletrabajado mucho durante el confinamiento ni les ha afectado ningún ERTE.
Aprobar la adquisición para el municipio de tres fincas rústicas (poco más de 4,5 has.) sobre las que se encuentra el yacimiento arqueológico del Espíritu Santo, donde están sepultados gran parte de los restos de la vieja ciudad árabe de Bayra, lo que es sinónimo de gran parte de nuestra historia, es un proceso decisorio complicado, hay muchas cuestiones que valorar. El equipo de gobierno, de ser más competente y menos entusiasta de la autopropaganda, lo debería saber. No es tan simple como comprar tres fincas rústicas, en realidad, se trata de comprar un Bien de Interés Cultural que ya cuenta con todas las protecciones y salvaguardas públicas que la legislación tiene establecidas. Es curioso, hasta las leyes franquistas obligaban a los Ayuntamientos a proteger los castillos y ruinas históricas ubicadas en sus municipios, y las de la democracia han establecido obligaciones para sus propietarios particulares y para la administración pública, pero también derechos para ésta y para la ciudadanía en general.
A saber. Para comprarlo es necesario tasarlo y, en base a eso, acordar un precio y una forma de pago. Como el Partido Popular, apresuradamente, decidió hacerlo con la permuta de seis parcelas urbanas de propiedad municipal en una de las mejores zonas residenciales y con dinero contante y sonante adicional, hay que cumplir una serie de requisitos. Para ello, primero, y parece que se cae por su propio peso, los concejales tienen que contar con la documentación. Y hay que tenerla con dos días hábiles previos al pleno, antelación que marca la legislación como derecho de los mismos para poder formarse una opinión libre sobre el tema y votar con conocimiento y responsabilidad. Y no es un capricho, ni nada que se pueda tomar a la ligera por quién preside la Corporación.
Como se puede intuir, por las contrastadas y reiteradas formas de este gobierno municipal, en este caso se vulneró con absoluta impunidad ese derecho. Así lo pusimos de manifiesto al inicio del Pleno, además de votar en contra a la “urgencia” y de cada uno de los puntos tratados. De haberse hecho la convocatoria y el pleno con esa formalidad imperativa, hubiera habido ocasión de descubrir graves errores documentales y de la tasación existentes antes de votar y no una semana después, como ha sucedido y cuando ya no hay remedio para los intereses municipales, en definitiva para los intereses de toda la ciudadanía veratense.
La impugnación que podríamos haber planteado los socialistas, con jurisprudencia más que sobrada que nos avala, a buen seguro habría llevado a la anulación judicial del propio Pleno. Hubiera sido un escándalo notable que, después de haber pagado en efectivo más de 18.000 euros y entregado seis valiosas parcelas de propiedad municipal (que a juicio del Grupo Municipal Socialista están infravaloradas) a cambio de adquirir tres fincas rústicas muy sobrevaloradas (baste decir que el 75% de su superficie es incultivable, primero por ser un BIC y segundo por su propia condición montuosa), todo se hubiera anulado. O eso, o bien que hubiera recaído responsabilidad patrimonial sobre cada uno de los concejales (todos los del PP, incluido el alcalde) que votaron a favor de la urgencia y de cada uno de los asuntos. Y todo, como señalaba al principio, por apuntarse el tanto político de ser quienes han comprado el Cerro del Espíritu Santo para el municipio, como así se permitió presumir, en un insufrible y rancio discurso, todo sea dicho, el portavoz del PP.
Pero aquí conviene aclarar las medias verdades, o las verdades a medias. La prisa en celebrar el Pleno obedece a que el equipo de gobierno, mientras decía que no a nuestras sugerencias para continuar las actuaciones previstas en el Plan Director aprobado por el anterior equipo de gobierno, por cierto con el voto en contra del PP entonces en la oposición, solicitó a principios de este año una subvención del 1,5% cultural al Ministerio de Fomento. Hasta ahí, perdonable el ocultismo, pero para acogerse a esta ayuda es “obligatorio” que el ayuntamiento solicitante sea el propietario de las fincas donde se realice la inversión subvencionable. Por cierto, la normativa que regula este tipo de ayudas no es reciente, viene de 2014, y cada año con la correspondiente convocatoria se recuerda claramente este requisito ineludible.
Incluso siendo conscientes de ello, como debe ser la obligación de los gestores municipales, han tenido hasta seis meses para resolver la adquisición en tiempo y forma y a un precio razonable, y no dar lugar a tener que firmar las escrituras y presentarla en el Registro el último día del plazo de subsanación dado por el Ministerio. Si a eso se suman los tres meses que llevan sin hacer nada la mayoría de ellos, resulta simplemente indignante. En síntesis, se han pagado 249.000 euros para recibir aproximadamente 240.000. Y no es seguro que la subvención se apruebe porque todo va cogido con alfileres. Además, la legislación obligaba a los propietarios a preservar y conservar el yacimiento y a permitir el acceso y visita de los ciudadanos libremente, y además permitía que se hicieran prospecciones arqueológicas, y hasta obligaba a la administración a realizar un documento técnico que definiera las actuaciones públicas de protección y puesta en valor del yacimiento, en definitiva como así ha sido hasta ahora sin objeciones.
En resumen, el Grupo Socialista está de acuerdo en que el Cerro del Espíritu Santo sea de propiedad pública, pero no había ninguna prisa en pagar lo que se ha pagado y, sobre todo, hacerlo con “nocturnidad y alevosía” y pisoteando los derechos de un tercio de la propia Corporación municipal. Tampoco hay prisa, si la subvención no se recibe este año, el año próximo también puede llegar, habrá convocatoria con toda seguridad, y por supuesto, el Ayuntamiento tiene fórmulas alternativas para conseguir la plena propiedad distintas y menos costosas a la utilizada.
Nuestra decisión de no impugnar el pleno, y los acuerdos adoptados, responde a la voluntad de evitar males mayores. Bastantes ha causado ya, y seguirá causando, el afán propagandístico de un equipo de gobierno que sustenta su gestión en la autopromoción y el servilismo hacia las instituciones que gobierna su propio partido.