La parlamentaria Soledad Pérez considera la norma una “demanda social” y mantiene un encuentro con representantes institucionales y sociales
La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento andaluz, Soledad Pérez, ha mantenido esta mañana en Almería una reunión de trabajo con alcaldes, portavoces, concejales y parlamentarios del PSOE en esta provincia para abordar el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana. Los dirigentes socialistas llevarán el contenido de esta futura norma a todos los foros a los que sea preciso con el fin de explicar su articulado y recibir sugerencias y aportaciones que serán tenidas en cuenta a la hora de elaborar el documento definitivo que en abril iniciará su tramitación parlamentaria para su posterior aprobación, prevista para antes de 2018. Actualmente, está en fase de enmiendas.
“El desánimo que existe en la sociedad actual y la poca confianza en los políticos e instituciones sólo se puede corregir con leyes como esta. Solo una ley de participación y transparencia, y su práctica, pueden volver a recuperar la confianza de la ciudadanía de sus organizaciones políticas y en sus representantes públicos”, ha valorado Soledad Pérez, quien ha estado acompañada durante su comparecencia por la secretaria de política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura; el diputado autonómico del PSOE provincial, Rodrigo Sánchez, y por la secretaria de Movilización de la Ejecutiva provincial, Mari Carmen de la Paz.
Desde el PSOE –ha añadido Soledad Pérez- existe la confianza de que “nuestra hoja de ruta es recuperar el apoyo y la confianza en toda las instituciones, gobierne quien gobierne, y estamos impulsando esta ley para tener una mayor y mejor democracia”.
Esta nueva normativa regula los procesos participativos de diferentes maneras y presenta grandes novedades. Por ejemplo, contempla consultas participativas o la posibilidad de instar al Gobierno andaluz a impulsar una iniciativa con 30.000 firmas de ciudadanos andaluces mayores de 16 años y también de personas inmigrantes residentes en la comunidad autónoma. La accesibilidad a las consultas a personas con discapacidad mediante el uso de las nuevas tecnologías, es otra de las novedades que presenta la futura ley. Los municipios tendrán un plazo de seis meses para adaptar sus propios reglamentos participativos a esta norma superior, y los ayuntamientos de menor población contarán con la asistencia técnica de las diputaciones para poder llevarlo a cabo.
La ley, en general, “es muy ambiciosa” y lo que se pretende es que sea una herramienta útil, que “se use bien para avanzar más en ciudadanía y para tener más democracia”, ha valorado Soledad Pérez. La parlamentaria andaluza ha ahondado en la necesidad de “tener unos poderes públicos valientes y una sociedad comprometida” para llevar a efecto esta ley que “va a ser muy valiosa para estos momentos difíciles en los que existe desilusión y falta de confianza por parte de la ciudadanía”, ha descrito.