PSOE-A: “La Junta no ha pagado ni un euro de las ayudas extraordiarias a trabajadores afectados por ertes”

El Grupo Parlamentario Socialista reclama en la Comisión de Empleo transparencia en las contrataciones del SAE y que el sector de estética sea considerado esencial

“La Junta de Andalucía, a día de hoy, no ha pagado ni un euro de las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y fijos discontinuos”. El diputado por Granada del Grupo Parlamentario Socialista, Juan José Martín Arcos, ha lamentado que esa sea la respuesta de la consejera de Empleo en comisión parlamentaria.

Durante su intervención, Martín Arcos ha resaltado que, “después de que el presidente de la Junta hace unas semanas anunciara que empezaba a tramitar las ayudas de los trabajadores afectados por ertes”,  a día de hoy “desconocemos el número de beneficiarios y nadie en Andalucía ha cobrado los 210 euros, cuando en el mes de abril ya insistimos desde el Grupo Socialista en que estas ayudas iban tarde”.

Contrataciones exprés en el SAE

Por otra parte, la portavoz en la Comisión de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Noelia Ruiz, ha denunciado que la Consejería de Empleo está “utilizando en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) los mismos procedimientos que las contrataciones exprés, dando prioridad a la rapidez a la hora de inscribirse en una oferta pública de empleo, en lugar de recurrir a las bolsas de interinos”. El último ejemplo, 130 plazas de administrativos que han ofertado por esta vía, por lo que ha reclamado “información sobre la puesta en marcha del proceso selectivo para cubrir estos puestos”.

Ruiz ha reprochado a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que reincida en esta forma de contratación “nula de pleno derecho por sentencias judiciales”, y pese a que la propia consejera “ha tenido que rectificar continuamente ante los numerosos contenciosos administrativos que han paralizado una y otra vez los procesos”, a la vez que ha lamentado que haya puesto el SAE “a plena disposición de la Dirección General de Función Pública de la Consejería de la Presidencia, para continuar con un sistema que las sentencias judiciales indican que “abría una vía flagrante al enchufismo”.