Hay quienes tienen la Constitución todo el día en la boca, pero que a la hora de la verdad son incapaces de cumplir con lo que dice. Lo estamos viendo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde de manera injustificable el Partido Popular se empeña en quebrantarla.
También ocurre cuando esos gobiernos en manos de la derecha, como el de Moreno Bonilla, arrinconan el artículo 47 de la carta magna, que sentencia que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. Es curioso, pero el PP siempre ha interpretado del mismo modo ese artículo para terminar dejando vía libre a los especuladores. De hecho, hoy se está pagando al contado el 60% de las viviendas que se compran, convirtiendo este derecho en un fondo de inversión en lugar del hogar donde vivir.
Para revertir esta situación, el Gobierno de España construirá 184 mil viviendas públicas, convirtiéndose en el gran promotor de este tipo de residencias a las que destina 75 euros de cada 100 que se invierten en nuestro país. Además, ha puesto en marcha una línea de avales, por importe de 2.500 millones de euros, destinados a la compra de primera vivienda por parte de jóvenes hasta 35 años y familias con menores a cargo. Esa es la gran diferencia entre un gobierno de progreso y otro de la derecha.
El Estado se convierte de esta manera en avalista de jóvenes y familias dando garantías a los bancos para la concesión de hipotecas, sin que el aval tenga coste para la persona beneficiaria y poniendo con ello soluciones a un problema que afecta hoy en día a muchísimas personas.
Esta medida va dirigida a personas jóvenes o familias con menores a cargo que teniendo empleos estables, salarios dignos y estar decididos y decididas a adquirir una vivienda no pueden acceder a ella por falta de ahorros o de garantías ante las entidades financieras. El objetivo último, por lo tanto, es que la vivienda pase de ser un lujo a un derecho, tal y como se reconoce en la Constitución.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene claro que la vivienda se tiene que convertir en el quinto pilar del Estado del bienestar esta legislatura y los jóvenes una prioridad absoluta, aprobando una Ley de Juventud e implementando medidas como la del Bono Alquiler Joven para el que transfirió 68 millones de euros a Andalucía en 2022, pero que Moreno Bonilla ha sido incapaz de gestionar. De hecho, un tercio de los jóvenes que solicitaron en Almería esa ayuda aún no la han recibido.
Resulta tremendamente frustrante que el Partido Popular acabe de esa forma con la ilusión de miles de jóvenes andaluces que han tenido que abandonar la vivienda que ya habían alquilado y todos los sueños que en ella habían construido. Es imposible hacerlo peor.