Por la puerta de atrás o escondido en la letra pequeña de nuevas normas y leyes: así es como la derecha suele hacerles jugosos regalos fiscales a los poderosos, a aquellos que más tienen y que tendrían menos problemas –o ninguno– en contribuir con el pago de tasas e impuestos al interés general. De esa manera hemos perdido por el camino miles de millones de euros, que habrían sido recibidos con los brazos abiertos por servicios públicos tan necesarios como la sanidad o la educación.
Esta forma de proceder la llevamos viendo en Andalucía desde que Moreno Bonilla llegó a San Telmo, bajando los impuestos a los que más tienen o aprobando medidas tan cuestionadas como la de bonificar la carga fiscal a las empresas de máquinas tragaperras. Sin embargo, la más inesperada ha entrado, como decía al principio, escondida en la letra pequeña de una ley, la de Impulso para la Sostenibilidad Territorial, conocida como LISTA. Y vaya que lo es.
Los ayuntamientos andaluces, en concreto aquellos que tienen pendiente la puesta en marcha de proyectos energéticos en suelo no urbanizable, no salen de su asombro ante la puerta que el Gobierno andaluz les ha entreabierto a las empresas para que dejen de abonar el canon urbanístico o la prestación compensatoria que –hasta la entrada en vigor de esta ley– debían satisfacer a las administraciones locales con hasta un 10% por ciento del importe total de la inversión. Como consecuencia de esa decisión, los ayuntamientos van a dejar de ingresar en las arcas municipales decenas de millones de euros.
Precisamente en las zonas donde más necesarias son estas aportaciones para evitar la despoblación, para llegar un poco más allá en los servicios y en la atención a las necesidades de los vecinos y vecinas del mundo rural, es donde la pérdida de estos recursos llevará también de manera irremediable a una pérdida de oportunidades y desarrollo.
Los socialistas hemos sido y somos los grandes defensores de las energías renovables y hasta podemos compartir que se les suprima ese canon a los pequeños inversores, pero en lo que de ninguna manera podemos estar de acuerdo es en que les regalemos ese dinero a las multinacionales o a los grandes fondos de inversión, como va a ser el caso.
No parece de recibo que si alguien se va a beneficiar de los recursos naturales de un enclave, esto no repercuta en los habitantes de ese municipio, pero mucho menos lo es que quien decide promover la ley ‘invite’ a la fiesta a esas grandes empresas y seamos los demás los que terminemos ‘pagando’ la ronda.