Pocos gobiernos en la Unión Europea están abordando las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania como lo está haciendo el de España, con medidas que están permitiendo desplegar un escudo social para mitigar los efectos de la inflación, de una subida de precios que –no lo olvidemos– es un problema de todos los estados. Por eso se entiende poco o nada el afán del Partido Popular en insistir en esa estrategia del cuanto peor, mejor, que siembra el desconcierto y la incertidumbre en la sociedad española.
Además, las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez están permitiendo, por ejemplo, que los precios de los mercados eléctricos sean en España de los más económicos y ventajosos de Europa. La diferencia es tan llamativa que su coste se sitúa hasta tres veces por debajo del precio que alcanza en el resto de los países de nuestro entorno.
El interés general prima en estas medidas, de manera que las empresas con beneficios extraordinarios van a contribuir con impuestos temporales a financiar ayudas a los que más lo necesitan. En este sentido, el anuncio que ha realizado el presidente del Gobierno de promover una ley que prohíba que bancos y energéticas trasladen esos nuevos impuestos a la ciudadanía supone, en esencia, blindar y ampliar el escudo social que ha construido el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los bancos y las energéticas pueden asumir perfectamente el reparto de los costes de la crisis y permitir que el estado pueda recaudar cerca de 7.000 millones a través de unos impuestos que ya existen en países como Bélgica, Suecia o Francia, sin que se ponga en peligro nada que no sea rebajar su margen de ganancias a costa de los intereses generales. Se trata, por lo tanto, de una medida solidaria, justa y que todos deberían apoyar sin fisuras.
La realidad de lo sucedido hasta ahora, en un tiempo en el que nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia y a las consecuencias que ahora acarrea la guerra de Putin en Ucrania, no deja lugar a dudas: sin un gobierno progresista como el del Pedro Sánchez, no habría habido líneas ICO, sino cierres de empresas. No habría habido ERTES, sino despidos. No se habría aprobado una reforma laboral que dispara los contratos indefinidos y tampoco se habría aprobado una subida de las pensiones conforme al IPC, en lugar del vergonzoso 0,25 que dejó el PP.