Mientras que una parte del corazón de la agricultura almeriense ha estado latiendo estos días en Berlín, exponiendo en Fruit Logística una representación de nuestros mejores productos, en nuestra provincia hemos estado escuchando con perplejidad las soflamas incendiarias que lanza la plataforma F6 contra Europa y contra nuestros propios intereses, que son muy distintos a los que han provocado, por ejemplo, las manifestaciones en Francia.
Promovida por la ultraderecha, sus portavoces, -que están claramente identificados con Vox-, son ya unos viejos conocidos en nuestro país por ser los más correosos activistas antivacunas, negacionistas del cambio climático, contrarios a la Agenda 2030 y manifiestamente antieuropeístas, por lo que poco les importa manchar la imagen de los productos españoles y almerienses. Sus objetivos son claramente otros, los electorales.
Por el contrario, sí parecen legítimas y de sentido común algunas de las cuestiones que se plantean desde UPA, ASAJA o COAG para mejorar nuestro sector primario en términos de precios y competitividad, algo en lo que lleva mucho tiempo trabajando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobando medidas sin precedentes para apoyar a los agricultores, que han supuesto más de 4.000 millones de euros en ayudas extraordinarias en momentos de dificultad, o invirtiendo 236 millones para mejorar los regadíos en nuestra provincia.
Además, el sector cuenta con más fondos europeos que nunca, gracias a la negociación liderada en Bruselas por Pedro Sánchez, que logró mantener el presupuesto de la PAC y el aporte extraordinario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con más de 2.400 millones para el sector agrario. Todo ello a pesar del boicot constante del PP en Bruselas, que trató de impedir a toda costa que llegaran esos fondos para España.
La hoja de ruta llevada a cabo desde 2019 por el Gobierno de España ha dado respuesta a demandas del sector, liderando en Europa y en todos los foros internacionales la necesidad de incluir cláusulas en los acuerdos comerciales para exigir a los productos importados los mismos requisitos en materia de sostenibilidad o de relaciones laborales.
De otro lado, la Ley de la Cadena Alimentaria, contra la que votó el Partido Popular, ha supuesto un gran avance para que los agricultores no vendan a pérdidas, mejorando el poder de negociación de los productores y evitando prácticas comerciales desleales. Sin embargo, es necesario reforzar los controles para que se cumpla la ley, algo en lo que, por cierto, el Gobierno andaluz tiene plenas competencias. No me cabe ninguna duda de que nos iría mejor si todo el mundo pusiera de su parte.