La crisis migratoria de Ceuta nos ha hecho recordar dos palabras que nunca deberían separarse: legalidad y humanidad. La primera, porque el respeto a la ley es lo que hace fuerte a una democracia. La segunda, porque la dignidad de una sociedad se mide también por cómo trata a quien huye del hambre, de la guerra o de la falta de futuro. Defender nuestras fronteras, aplicar la ley y garantizar la seguridad no está reñido con preservar los derechos humanos.
Hace once años, el mundo entero lo entendió al contemplar el cuerpo de Aylan Kurdi, un niño de tres años con camiseta roja y pantalón azul, tendido sobre una playa turca. Durante unos días desaparecieron los reproches, la confrontación y las fronteras. En la mente de todos ha quedado para siempre esa atroz imagen que nunca podremos olvidar por mucho tiempo que pase.
Entonces, el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló de una “emergencia humana y social”. Galicia se ofreció a recibir refugiados sirios y defendió una política migratoria “humanitaria y sensata”. Tenía razón. Lo difícil de explicar ahora es qué ha ocurrido desde entonces para que quien apelaba a la humanidad haya terminado abrazando el discurso de la extrema derecha que convierte al inmigrante en una amenaza y el miedo en una herramienta.
Las fronteras existían entonces, al igual que las mafias y la inmigración irregular. Lo que parece haber cambiado, por lo tanto, no es esa realidad, sino su posición política, condicionada por una ultra calculadora electoral que se lleva por delante la humanidad y hasta los principios que decía defender.
Ceuta necesita seguridad, recursos, profesionales, cooperación institucional y solidaridad, algo a lo que se está dedicando en cuerpo y alma el Gobierno de España. Lo que no necesita son proclamas incendiarias ni dirigentes que utilicen una situación dolorosa para competir por quién aparenta mayor dureza. Gobernar no consiste en gritar más alto, sino en asumir la complejidad del fenómeno migratorio y responder con sensatez cuando una crisis como esta pone a prueba a las instituciones.
Frente a la política de tierra quemada de PP y Vox, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los profesionales sanitarios, los trabajadores sociales, las ONG y la ciudadanía de Ceuta están demostrando una enorme responsabilidad. Su trabajo confirma que es posible proteger, atender y cumplir la ley al mismo tiempo.