Cuando hablamos de dependencia en Andalucía hablamos, lamentablemente, de esperar. Esperar una ayuda, una valoración, una respuesta que, en demasiadas ocasiones, llega tarde o no llega nunca. Y esa espera, en Andalucía y especialmente en Almería, se ha convertido en un problema estructural frente al que la Junta de Moreno Bonilla no responde ni asume responsabilidades, tratando de manera indigna a las personas en el momento en que son más vulnerables.
Hoy somos la comunidad autónoma con mayor tiempo de espera de toda España. Según los propios datos de la Junta, transcurren de media cerca de 500 días desde que una persona solicita la ayuda hasta que la recibe, cuando la ley fija un máximo de 180. En Almería, más de 2.700 personas siguen en lista de espera y muchas de ellas ni siquiera han sido valoradas o, pese a tener reconocido su grado, no han recibido ninguna prestación.
Hay un dato que lo resume todo: miles de personas mueren cada año sin haber accedido al sistema. En Andalucía fueron casi 7.000 el último año, 19 al día. En Almería, cerca de 250 fallecieron sin ni siquiera saber si tenían derecho a alguna ayuda. Ese es el verdadero rostro de la dependencia cuando falla por falta de voluntad política.
Además, cuando el sistema no responde, la carga recae casi siempre en las familias. Y, en la mayoría de los casos, en mujeres que dejan su empleo o reducen su jornada para cuidar a una persona dependiente, en muchos casos sus propios padres. Esta realidad se repite también en el propio sector de la ayuda a domicilio, donde prácticamente el 100% de las trabajadoras son mujeres que desempeñan su labor en condiciones precarias, con salarios bajos y escasa estabilidad.
Aquí es donde se evidencia que no estamos solo ante un problema de gestión, sino de modelo. El precio hora que paga la Junta está entre los más bajos del país, mientras las empresas privadas obtienen beneficios en un servicio que debería estar centrado exclusivamente en garantizar una asistencia vital.
Frente a esta situación, la propuesta que hacemos desde el PSOE pasa por reforzar el sistema público y avanzar hacia una gestión pública directa de la ayuda a domicilio que garantice mejores condiciones laborales para estas trabajadoras y una atención digna para las personas dependientes, con el convencimiento de que los cuidados no pueden ser un negocio ni un privilegio, sino un derecho.