Los socialistas acusan a la alcaldesa del PP de perdonar penalizaciones por incumplimiento en los plazos de finalización de los trabajos
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mojácar ha denunciado que el equipo de Gobierno del Partido Popular que preside Rosa Cano cometió distintas irregularidades en los procesos de adjudicación de varias obras acometidas en 2014 para, presuntamente, beneficiar a una única empresa “mediante un sistema de precios más bajos y plazos de ejecución más cortos, a sabiendas de que el plazo se incumpliría, no se penalizarían los retrasos y que esas ofertas a la baja se compensarían mediante modificaciones de presupuesto o con obras complementarias”. Según la información recabada por los socialistas, todas esas obras “se habrían adjudicado presumiblemente a dedo a la empresa ITESA como contratos menores”.
En este sentido, el portavoz del PSOE, Manuel Zamora, ha explicado que “nos extrañó que en ese año todas las adjudicaciones de reparaciones de obras recayeran sobre la misma empresa como si de un premio de lotería se tratara”. Así, Zamora asegura que tras inspeccionar tres contratos de arreglo de calles adjudicados por el equipo de Gobierno del PP a la empresa ITESA en 2014, han podido detectar “diversas irregularidades” en el proceso de contratación, entre las que destaca “que se hayan perdonado las penalizaciones que conllevaba incumplir el plazo de finalización de las obras, aun siendo éste junto con el precio, los dos únicos criterios de adjudicación”.
Estas penalizaciones, que estaban recogidas en el pliego de adjudicación y que son las mínimas que establece la ley (veinte céntimos al día por cada mil euros de precio de adjudicación de la obra), no se han aplicado a pesar de que se incumplió el plazo en los tres contratos del año 2014 analizados, “lo que supuso que casi diez mil euros dejaran de ingresarse en las arcas municipales en beneficio de la empresa adjudicataria”, asegura el socialista.
De este modo, Manuel Zamora detalla que por el contrato de adecuación de la Calle Muralla Roque, que “se le adjudicó a ITESA por 113.227,65 euros mediante procedimiento negociado sin publicidad, se le perdonaron a la empresa 1.698 euros de la penalización por tardar dos meses más de los previsto”. De igual modo ocurrió con “otros trabajos de reparación de varias calles de la localidad que contaban con un presupuesto de 134.800 euros, en el que no se le pidió a la empresa la penalización exigible de 2.884,72 euros. De otro lado, las obras en las calles Glorieta, Puntica y Embajadores, adjudicadas por un precio de 235.537,19 euros, “sufrieron un retraso de tres meses que tendría que haber conllevado una penalización de 5.130 euros, aunque, una vez más, la alcaldesa le perdonó ese dinero a la empresa”.
Contratos complementarios
Otra de las irregularidades que el Partido Socialista ha encontrado tras revisar estos expedientes es “la modificación al alza” de los presupuestos de distintas obras. Así habría ocurrido en los trabajos de la calle Muralla Roque, que supuso un sobrecoste de 11.306 euros con respecto al presupuesto inicial. Aunque, “lo realmente llamativo” en este caso, según los socialistas, es que “el aumento del presupuesto fue de un 9,98 por ciento, quedándose sólo a un 0.02 por ciento del límite legal que obliga a adjudicar de nuevo la obra”. También, en estos mismos trabajos, los socialistas apuntan que por adoquinar y adecuar servicios en 34 metros lineales de calle, que no estaban incluidos en el proyecto inicial, “la alcaldesa le adjudicó a ITESA un contrato complementario de obra menor por un importe de 50.000 euros”. “Del mismo modo, Cano aprobó una partida complementaria de 31.761 euros para una obra de canalización de aguas pluviales en la calle Embajadores, cuando la canalización de aguas pluviales de estas calles ya las contemplada el primer proyecto”, señalan los socialistas.
Desde el PSOE lamentan que el equipo de gobierno del PP “haya convertido el Ayuntamiento en una finca de su propiedad y los procedimientos de adjudicación de obras se hagan de espaldas a los intereses de los ciudadanos, sin el más mínimo reparo a la hora de cometer distintas irregularidades, sin contar con empresas locales que tienen capacidad para ejecutar estas obras y con el único objetivo de beneficiar a sus empresas amigas”.