El Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa se ha convertido en el epicentro de un drama sanitario que resume, con crudeza, el deterioro de la sanidad pública andaluza bajo el Gobierno de Juanma Moreno. La situación ha llegado a tal extremo que un centenar de personas llevan esperando hasta cinco meses una colonoscopia, a pesar de que el protocolo establece un máximo de treinta días para su realización y que el tiempo en el diagnóstico de una enfermedad grave es literalmente vida.
En este hospital, tres médicos de Digestivo intentan sostener lo insostenible: consultas, colonoscopias y planta hospitalaria para atender a una población de 150.000 habitantes. Por eso, no resulta extraño que cada día se anulen una veintena de citas, algunas de pacientes que llevan más de medio año esperando.
Todo esto que está ocurriendo es muy grave. Por mucho que se intente justificar, no es un fallo puntual ni un desajuste temporal, sino la consecuencia directa de la puesta en marcha de un modelo que ha recortado recursos, precarizado plantillas y alentado la fuga de profesionales hacia la sanidad privada, convirtiendo el derecho a la salud en un privilegio.
El Hospital de Huércal-Overa es hoy el espejo de un sistema colapsado. No hay hematólogos ni dermatólogos y en Urología o Neumología solo pasa consulta un médico por especialidad. Las listas de espera son interminables y cerca de 25.000 personas aguardan una cita o una operación que no llega.
El discurso oficial que repite el Partido Popular es que no hay médicos, pero eso no es cierto. La realidad es que no se les ofrecen unas condiciones dignas para que se queden, hasta tal punto que la Junta ha terminado convirtiendo la sanidad en un negocio donde los hospitales públicos se vacían de profesionales y los privados se llenan de contratos.
La Inmaculada ha pasado a ser la zona cero de esa política que ha llevado al límite a la sanidad andaluza con cada retraso, cada cita anulada y cada diagnóstico que llega tarde, añadiendo más sufrimiento y angustia a los pacientes.
Juanma Moreno, por mucho que se empeñe, no puede mirar hacia otro lado. La responsabilidad política de lo que está ocurriendo es exclusivamente suya, al poner en juego el principio mismo de una sanidad pública universal y de calidad que en Andalucía, bajo su mandato, ha dejado de serlo.