La decisión del Tribunal Supremo de rechazar la suspensión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes ha puesto las cosas en su sitio. También ha dejado al descubierto la irresponsabilidad de quienes han intentado sembrar miedo y confusión en torno a una medida que no solo tiene un respaldo jurídico, sino también social.
Conviene recordar que la regularización está dirigida a personas que ya viven en nuestro país y que lo hacían antes del 31 de diciembre del pasado año. Mujeres y hombres que trabajan en la hostelería, la agricultura y la construcción o que cuidan de nuestros mayores. Se trata, por lo tanto, de dar seguridad jurídica y derechos a quienes ya forman parte de nuestra sociedad.
Por eso resulta tan preocupante la narrativa que la derecha más extrema y la extrema derecha han intentado imponer con un rosario de bulos que no resisten el más mínimo contraste con la realidad. Se ha llegado a decir que esta regularización colapsaría los servicios públicos, obviando deliberadamente que estas personas ya viven aquí y utilizan esos mismos servicios, o que se produciría un efecto llamada, cuando lo que nos dicen las cifras es que las llegadas irregulares a España se han reducido un 48,1% en el primer trimestre de 2026. De la misma manera, tampoco es cierto que con esta medida se pueda obtener la nacionalidad.
Empresarios, organizaciones agrarias, sectores como la hostelería o la construcción, entidades sociales e incluso la Iglesia han respaldado este proceso. Todos reconocen que España necesita mano de obra y que la llegada de esos trabajadores y trabajadoras tiene que ser compatible con una política migratoria ordenada y humanitaria.
Además, no estamos ante una medida excepcional en nuestra historia democrática. Desde 1986, distintos procesos de regularización han beneficiado a cerca de 1,3 millones de personas y han demostrado que la integración real pasa precisamente por ofrecer derechos y exigir también el cumplimiento de las obligaciones que correspondan, ya que la irregularidad solo genera precariedad, economía sumergida y exclusión. Mientras algunos se empeñan en señalar al extranjero para arañar votos, la realidad demuestra de manera tozuda que parte del progreso económico y social de Almería y del resto de nuestro país también lleva el nombre y el esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes. Negarlo ya no es solo injusto, sino simplemente absurdo