A pesar de las dos sentencias que han condenado la actuación del Ayuntamiento, el alcalde se ha negado en rotundo a devolver el dinero
El PSOE de Gádor ha lamentado que el alcalde del municipio, Eugenio Gonzálvez, se haya negado definitivamente a devolver a las arcas del Ayuntamiento los 61.500 euros que empleó para pagar su defensa ante el Tribunal Supremo por la causa que se instruyó para dirimir si, en el año 2007, actuó ilegalmente al contratar las obras para la finalización de la Nave de Celebraciones y la Escuela de Música y Danza. En el segundo pleno celebrado en el Ayuntamiento para atender la petición del PSOE de que el alcalde procediera al reintegro de esta cantidad, después de que dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hayan determinado que las contrataciones fueron irregulares, el PP ha hecho valer su mayoría para impedir “una reclamación que era de justicia, ya que estamos hablando de un dinero que debió gastarse en el pueblo de Gádor y en mejorar la calidad de vida de los gadorenses, y nunca en pagarle un abogado al alcalde, máxime cuando ha quedado demostrado que actuó saltándose la ley”, ha señalado la portavoz socialista, Maribel Juárez.
Además de la causa penal que supuso el gasto de los 61.500 euros en la defensa de Eugenio Gonzálvez, las contrataciones de las obras de la Nave de Celebraciones y la Escuela de Música y Danza –así como las correspondientes órdenes de pago de los trabajos– también fueron objeto de sendos procedimientos por la vía contencioso-administrativa, que han concluido recientemente con dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en las que ha quedado demostrado que aquellos procedimientos fueron ilegales.
A la vista de estas sentencias, emitidas el pasado verano, el Grupo Municipal Socialista forzó la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para reclamar que se declarara formalmente la nulidad de los actos administrativos que estuvieron en el origen de los hechos, así como para reclamar al alcalde que abonara los 61.500 que costó su defensa ante el Tribunal Supremo. Este pleno, celebrado en el mes de octubre, se desarrolló sin ajustarse a la Ley por las irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno, lo que obligó a convocarlo nuevamente. En esta segunda ocasión, los concejales del PP “se enrocaron en la defensa a ultranza del alcalde”, ha lamentado Maribel Juárez, e impidieron que se aprobaran tanto la nulidad de los actos administrativos como la reclamación patrimonial que el Grupo Socialista le hizo al alcalde.
Juárez ha calificado de “intolerable” que el alcalde “haya dispuesto del dinero de todos los gadorenses para pagarse sus abogados, intentando salir impune de dos casos en los que era evidente que no llevaba la razón”, y ha ido más allá al recordar que, cuando el alcalde dispuso de este dinero para su defensa, “ya estaban en marcha los procedimientos contencioso-administrativos” paralelos a la causa penal. “Uno de estos procedimientos contaba incluso con una sentencia en contra, lo que debería haber provocado que el alcalde rectificara inmediatamente, en lugar de dedicarse, como hizo, a presentar todo tipo de escritos para dilatar en el tiempo una sentencia definitiva que todos sabíamos que iba a ser en su contra”, ha concluido.
La portavoz socialista ha puesto de relieve, además, que durante este segundo pleno ha salido a la luz un escrito presentado por el alcalde en el que alegaba que no se le podía reclamar ninguna responsabilidad patrimonial, porque el día en que se acordó el desembolso de esa cantidad él no participó en la votación. Sobre esta cuestión, Juárez considera “increíble” que “para no devolver el dinero, el alcalde sugiera incluso que sean los concejales del PP los que paguen”.