Los ‘populares’ también han impedido que se llame a declarar a los responsables de Azor, la empresa con la que el presidente firmó el contrato
Ni el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ni ninguna de las empresas implicadas en el Caso Mascarillas –en el que se investiga la presunta concesión de mordidas al ex vicepresidente y diputado de Fomento, Óscar Liria (PP), por parte de una empresa a la que la Diputación le compró material sanitario– va a comparecer en la comisión de investigación abierta por la institución provincial con el supuesto objetivo de esclarecer lo sucedido. Así lo han decidido hoy los representantes del PP en esta comisión, al vetar las peticiones en este sentido realizadas por el Grupo Socialista.
En la sesión de la comisión celebrada este miércoles, los representantes del PP han impedido que se llame a declarar al presidente de la Diputación, pese a que fue él quien firmó el contrato de compra de las mascarillas y es el máximo responsable del equipo de Gobierno de la institución. También se ha vetado la comparecencia del anterior presidente de la Diputación, Gabriel Amat, a pesar de que la gestión del ya ex diputado investigado, Óscar Liria, comenzó bajo su mandato.
Además, el PSOE también ha pedido que se citara a declarar a los responsables de las empresas relacionadas directamente con la trama que está investigando la justicia: Azor Corporate Ibérica (la firmante del contrato de las mascarillas) y Pulconal (relacionada societariamente con la anterior y contratada por la Diputación en numerosas obras), además de todas las empresas subcontratadas por éstas. Los diputados socialistas Carmen Aguilar y Marcelo López han subrayado que muchas de estas subcontratas “han sufrido problemas de pago o de ejecución” y, algunas de ellas, incluso habían trasladado al Grupo Socialista su interés por participar en la comisión para “dar todas las explicaciones y datos necesarios”. “Con su negativa a llamarlas, el PP les ha quitado de un plumazo este derecho”, han lamentado.
Por otra parte, tampoco ha sido admitido el orden de comparecencias defendido por el PSOE, que contemplaba que los primeros en declarar fueran los responsables de las empresas implicadas o afectadas por los contratos investigados “para poder conocer los hechos desde el punto de vista empresarial”. Después se había pedido que declararan varios empleados públicos de la Diputación “para mayor conocimiento de los trámites administrativos seguidos” y, por último, el PSOE reclamaba que comparecieran los responsables políticos, “cuando se tuviera ya un mayor conocimiento de lo sucedido”.
Pese a la petición del PSOE, los votos del PP han decidido que las comparecencias comiencen con la del diputado delegado de Presidencia, Fernando Giménez.
Ante lo sucedido, los representantes del PSOE en la comisión han denunciado que el PP está “condicionando el desarrollo de la comisión a su propio interés partidista, a veces incluso con el amparo del presidente de la comisión y diputado de Ciudadanos, Rafael Burgos”.
Para los diputados socialistas, el presidente está faltando a la palabra que dio ante la corporación en pleno, cuando aseguró que la actuación de la comisión estaría basada en la transparencia y en que no quedara ninguna sospecha. “Del desarrollo de la sesión de hoy, se desprende que poco hay de transparencia y menos de investigar y determinar las responsabilidades por los graves hechos que se están investigando”, han señalado.