Los socialistas recuerdan al presidente de la Diputación que no es legal abusar de la temporalidad y exige que se proteja a estos empleados
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha instado nuevamente al equipo de Gobierno del PP a cumplir con las sentencias y con las directivas europeas tendentes a proteger al personal interino que han enlazado numerosos contratos y que, según la jurisprudencia, se trata de contrataciones en fraude de ley. En este sentido, el PSOE ha compartido lo que considera un “un nuevo hito judicial” y es la sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante de 8 de junio de 2020 en cumplimiento de la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo y en aplicación de la Directiva 1999/70 reconociendo a un funcionario interino su condición de empleado público fijo con los mismos derechos, régimen de estabilidad e inamovilidad que los funcionarios de carrera aunque sin adquirir tal condición.
Los socialistas, tal y como ha recordado la diputada provincial, Carmen Aguilar, reiteran que la institución supramunicipal debe tener en cuenta los efectos de esta sentencia para el personal interino de larga duración en la Diputación y vuelven a instar que debe amparar a los interinos “buscándoles una vía para solucionar los abusos de temporalidad que padecen y cuya respuesta ha sido ponerle fecha a los exámenes a las distintas convocatorias de las ofertas de empleo público convocadas”, ha trasladado la diputada provincial del PSOE.
Del examen de la Sentencia del juzgado de Alicante, según Carmen Aguilar, se pueden extraer varias conclusiones, como que las sentencias dictadas por el TJUE, en respuesta a un reenvío prejudicial, tienen carácter vinculante al tener autoridad de cosa interpretada como instrumento procesal idóneo para alcanzar una aplicación uniforme de dicho ordenamiento en todos los estados miembros” y también que es “competencia de las autoridades administrativas o judiciales nacionales la de aplicar directamente el Derecho de la Unión, ya que únicamente están vinculados por las Sentencias del TJUE de acuerdo con lo prevenido en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del poder judicial”.
La sentencia del juzgado de Alicante, resume la diputada provincial del PSOE de Almería, falla a favor de un funcionario interino, contratado en fraude de ley por abuso de temporalidad, indicando que se le aplica directamente la normativa europea, siendo el ayuntamiento el competente para aplicarla y se reconoce el derecho del funcionario interino a permanecer en el puesto de trabajo “con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin que adquiera la condición de funcionario de carrera”.
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial muestra su preocupación “por la situación tan difícil en la que se encuentran los trabajadores interinos de larga duración” que durante el confinamiento se han visto “doblemente estresados” por la situación de teletrabajo en casa, con familiares a cargo en muchos casos y estudiando las oposiciones de las plazas que ocupan. Pese a ello, “no han tenido reparo en poner todo el esfuerzo y sacrificio para seguir realizando su trabajo en casa por el bien de todos los almerienses, en momentos que tanto necesitaban de la prestación de los servicios públicos básicos y necesarios siempre y especialmente durante el estado de alarma”, ha agradecido Carmen Aguilar.
Más de 150 trabajadores de Diputación
El problema de la temporalidad afecta a más de de 150 trabajadores de la Diputación Provincial habiendo “superado un duro proceso selectivo para acceder a la condición de personal interino o laboral temporal, tanto para bolsas como en listas de espera, y respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia”, ha recordado la diputada socialista y pide al PP que “proteja sus derechos” porque como administración empleadora “debe garantizar sus derechos y ajustar su situación a la normativa y justicia europea”, velando, también, por el interés de la institución provincial por las posibles indemnizaciones, sanciones y responsabilidad que tendría que asumir en caso que fuera condenada en los juzgados, al no garantizar los derechos de estos trabajadores.
“El presidente de Diputación debe escuchar a los interinos y debe aplicar la directiva comunitaria y sentencia de la UE y no puede ni debe excusarse en la ausencia de normativa nacional o falta de regulación actual, ni en las limitaciones de las sucesivas Leyes de Presupuestos con la limitación de las tasas de reposición aprobadas durante los gobiernos del PP, porque ni la gestión rigurosa del personal, ni las consideraciones de índole presupuestaria, ni la dificultad o complejidad de crear empleos fijos pueden justificar una discriminación en la que se encuentran los interinos de la Diputación”, ha reprochado Carmen Aguilar.