El PSOE defiende que el germen de la justicia social que promueve el Gobierno de España «comienza en la escuela»

Inés Plaza, senadora por el PSOE de Almería
Inés Plaza, senadora por el PSOE de Almería

Inés Plaza destaca la LOMLOE, la nueva FP o el incremento de las becas del Ejecutivo estatal como medidas que “fomentan la igualdad”

La senadora por el PSOE de Almería, Inés Plaza García, ha defendido que para que exista una verdadera justicia social se ha de trabajar “desde la escuela” y es algo, ha asegurado, que se promueve desde el Gobierno de España. “Todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades con acceso a la educación pública, gratuita y universal, vivan donde vivan y sea cual sea su nivel socieconómico, su raza, sexo, religión y sus diferentes capacidades” y, por eso, la escuela “tiene que ser justa, igualitaria y equitativa y por supuesto, sin renunciar a la excelencia”, ha sostenido.

El Ejecutivo estatal “es el Gobierno de la justicia social porque es el más social de la historia y lo demuestra con los presupuestos generales y con medidas educativas que fomentan la igualdad”, como el aumento de las becas, la nueva Ley de Formación Profesional, el Programa de Financiación de Libros de Texto, la Ley de Ciencias, de Universidades o la futura Ley de Enseñanzas Artísticas, ha enumerado.

Para Plaza García, la justicia social “tiene que ser un principio socioeducativo” y así lo ha expuesto esta semana en una intervención en la Cámara Alta durante la comparecencia del secretario de estado de Educación. “Desde la educación se deben potenciar los valores humanos y la solidaridad entre iguales, así como la conciencia social, fortalecer la convivencia y ponerse en el lugar del otro para superar prejuicios, y a la vez, se les tiene que enseñar a pensar”, ha proclamado y ha asegurado que las medidas que ha tomado el Gobierno de España en estos años han ido en esta línea porque con la transformación del sistema educativo realizada desde el ministerio “se han incluido como enfoques transversales la educación para el desarrollo sostenible, las capacidades digitales, y la igualdad de género a través de la coeducación, que ayuda a prevenir la violencia de género y a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente en las niñas”.

Uno de los objetivos de la nueva ley de educación, la LOMLOE, es “que todo el mundo tenga derecho a una educación pública, gratuita y de calidad” porque la equidad “es uno de los principios educativos que salen plenamente reforzados” en esta ley con medidas, ha señalado, como avanzar en la escolarización de la educación infantil “para que todos los niños y niñas puedan tener garantizada una plaza de Educación Infantil de 0 a 3 años, algo que les condicionará su éxito educativo en el futuro”. Una medida que, ha lamentado, no se ha promovido por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, que pretende “utilizar un dinero de la plaza pública para emplearlo en la plaza privada concertada, pero no para favorecer a estas escuelas ni para favorecer a las familias, sino para que a la Junta le salga más barato”, ha reprochado. “Moreno Bonilla quiere hacer negocio y sacar rentabilidad con la educación, como siempre. Lo mismo que están haciendo con la sanidad, porque el PP nunca ha creído en lo público”, ha añadido.

Sin embargo, el PSOE, ha dicho, no sólo cree sino que promueve leyes y gestiona para garantizar un sistema público de calidad, como puede ser el aumento de las becas y las ayudas a familias con escolares con necesidades educativas especiales, ha puesto como ejemplos. El Programa de Financiación de libros de texto y material escolar, que ha aumentado, este año, en 10 millones de euros o el Programa de Educación Inclusiva dotado de 37 millones para centros ordinarios y de educación especial, son otras de las medidas del Gobierno de España que ha destacado la senadora socialista.

Más abandono con el PP

Plaza García se detuvo, también, en analizar la tasa de abandono temprano que, ha dicho, con el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido disminuyendo progresivamente hasta en 6 puntos pasando de 18,3% en 2017, a 13,3% en 2021, y ha señalado que la tasa más alta, por comunidades, se sitúa en Andalucía (17,7%) seguida de Murcia (17,3%); ambas regiones gobernadas por el PP.