Ramón de la Cruz advierte del crecimiento descontrolado de universidades privadas con escasa calidad y denuncia la falta de financiación a la Universidad de Almería
El secretario de Universidad, Ciencia e Innovación del PSOE de Almería, Ramón de la Cruz, ha destacado que “el Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que modifica la actual normativa sobre la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios el que se establecen nuevos mecanismos de supervisión y control en el cumplimiento de los nuevos requisitos”.
Según ha explicado, “los motivos que justifican la puesta en marcha de esta medida responden a las necesidades marcadas por el propio devenir del sistema universitario español”. “El Partido Popular, desde sus autonomías, hace tiempo que ha emprendido una cruzada contra la universidad pública”, ha afirmado, añadiendo que “asistimos a un crecimiento exponencial de universidades privadas, sin que muchas de ellas cumplan con los estándares mínimos de calidad en docencia e investigación y, además, se asfixia económicamente a las universidades públicas, no aportándoles la financiación suficiente para el cumplimiento de sus funciones”.
De la Cruz ha señalado que “en los últimos años se han creado 26 universidades privadas en España, siendo Andalucía una de las alumnas más aventajada de esta tendencia con la aprobación por parte del Gobierno andaluz del Partido Popular de cuatro universidades privadas durante el último año, algunas de ellas con informes técnicos desfavorables, mientras que las universidades públicas no reciben por parte de la Junta la financiación que necesitan”, ha lamentado. “Un ejemplo claro lo tenemos aquí en Almería, donde la Universidad de Almería es la universidad con menos financiación por estudiante de toda Andalucía”, ha recordado.
Ante esta situación, el dirigente socialista ha asegurado que “el Gobierno de España, con la aprobación de este nuevo decreto, ha dado un paso histórico en la defensa del derecho a una educación superior de calidad, en la protección de la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes y en la afirmación del sistema de investigación en ciencia y tecnología como motor de progreso social y crecimiento económico de nuestro país”.
Según ha precisado, el texto aprobado “establece una serie de medidas que endurecen los requisitos para la creación de universidades”. Entre ellas, ha destacado que “será necesario un informe preceptivo y vinculante de las agencias de calidad correspondientes, de forma que, si este informe es desfavorable, no se podrá autorizar el reconocimiento de esa universidad”. “Hasta ahora, este informe era preceptivo pero no vinculante, lo que ha dado pie a que se autoricen universidades privadas con informes desfavorables; aquí en Andalucía también tenemos un triste ejemplo de ello”, ha añadido.
Asimismo, ha enumerado que “se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros seis años de ejercicio, con el objetivo de que se realicen actividades de investigación relevantes y la universidad tenga equipamientos y servicios adecuados”. “En cuanto a la oferta de titulaciones oficiales, se exigirán diez de grado, seis de máster y tres de doctorado, cuando hasta ahora solo se requerían dos”, ha explicado.
De la Cruz ha recordado también que “las universidades ya tenían la obligación de destinar el 5% de su presupuesto a investigación, pero con la reforma se añade la obligación de que, a través de grupos de investigación de alto nivel, se obtengan recursos económicos y contratos por valor del 2% de dicho presupuesto”. Además, “el 50% del personal contratado deberá ser doctor y, de este porcentaje, el 60% tendrá que contar con experiencia investigadora acreditada con al menos un sexenio de investigación”.
“El nuevo decreto ha establecido igualmente que los directivos y gestores universitarios deberán contar con experiencia en gestión universitaria”, ha indicado antes de añadir que “se exigirá un aval bancario que asegure la solvencia económica y la viabilidad financiera de la institución a largo plazo, protegiendo así a los estudiantes para que no se vean obligados a abandonar sus estudios o a obtener un título devaluado por el cierre de la universidad”.
Asimismo, “las universidades de nueva creación tendrán que disponer de plazas de alojamiento estudiantil equivalentes al 10% de las plazas previstas para el cuarto año de actividad”, ha concretado.
Ramón de la Cruz ha subrayado que “este Real Decreto muestra dos cosas claras. En primer lugar, la apuesta decidida del Gobierno de España para que todas las universidades, sean del carácter que sean, cumplan de forma fehaciente con las tres funciones básicas de cualquier institución universitaria —docencia, investigación y transferencia del conocimiento—; y, en segundo lugar, que el PSOE no va a permitir que el sistema universitario español se degrade en términos de calidad docente e investigadora ni que se mercantilice en beneficio de unos pocos, haciendo perder su condición de ascensor social”.
“Esto no va de enfrentar universidades públicas y privadas”, ha añadido, “esto va de si queremos universidades de calidad o chiringuitos universitarios para que unos pocos hagan caja y otros compren un título universitario sin más mérito que el de su cartera. O, si se prefiere, de si entendemos la educación superior como un derecho al que acceder en igualdad de oportunidades, como lo entiende el Partido Socialista, o como un nicho de negocio al que solo pueden acceder los privilegiados, que es como parece entenderlo el Partido Popular y, en concreto, el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía”.