Juan Manuel del Real defiende una moción en la que ha acusado a Moreno Bonilla de mirar hacia otro lado mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a una vivienda digna
El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel del Real Ruiz, ha defendido en el pleno una moción para garantizar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias que ha sido rechazada por el Partido Popular, al que ha acusado de “dar la espalda a uno de los principales problemas sociales” de la actualidad.
Del Real ha señalado que el acceso a la vivienda se ha convertido en “uno de los principales problemas sociales y económicos” tanto a nivel nacional como en Andalucía y en la provincia de Almería, donde el incremento sostenido del precio del alquiler y de la compra está dejando fuera a una gran parte de la población.
El portavoz socialista ha advertido de que muchas familias no pueden iniciar su proyecto de vida debido al alto coste de la vivienda, una situación que, a su juicio, se ha agravado con la Ley 5/2025 de Vivienda aprobada por la Junta, que ha calificado como “una oportunidad perdida” que “consolida la especulación inmobiliaria”.
En este sentido, ha criticado que esta norma “nace sin alma” y está diseñada para favorecer a grandes empresas y fondos de inversión en lugar de proteger a las familias, y ha reprochado que el Gobierno andaluz no haya limitado el precio de la vivienda protegida, permitiendo precios que la convierten en inaccesible para amplios sectores de la población.
Asimismo, ha señalado que la ley no ofrece soluciones efectivas frente al avance de los pisos turísticos y la expulsión de vecinos de sus barrios, y ha acusado a la Junta de incumplir el Estatuto de Autonomía al no promover suficiente vivienda pública.
Durante su intervención, Del Real ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones sitúen la vivienda en el centro de su acción política, recordando que el PSOE ya propuso la creación de un plan provincial de vivienda que fue aprobado por unanimidad, pero del que, según ha denunciado, “siete meses después no se sabe nada”.
La moción socialista planteaba la tramitación urgente de una nueva ley que garantice la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social, así como medidas para priorizar el acceso a la vivienda de jóvenes, familias vulnerables y otros colectivos con dificultades.
Entre las propuestas, el PSOE ha defendido incrementar la inversión pública en vivienda hasta al menos el 1% del PIB andaluz, impulsar un plan para la construcción de 100.000 viviendas públicas, reforzar la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y poner en marcha iniciativas como el Plan Entrada Cero o un fondo público de emancipación juvenil, tal y como defiende la candidata a la presidencia de la Junta por el PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.
Además, ha planteado medidas para reducir la carga fiscal en la compra de vivienda, declarar zonas tensionadas para limitar precios, permitir a los ayuntamientos regular los pisos turísticos y garantizar transparencia en los registros de demandantes de vivienda protegida.
Finalmente, Del Real ha lamentado el rechazo del Partido Popular a esta iniciativa y ha advertido de que Moreno Bonilla “no puede seguir mirando hacia otro lado mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a una vivienda digna”, insistiendo en que la solución pasa por una apuesta decidida por la vivienda pública y asequible.
Privatización de los puertos
De otro lado, la diputada provincial del PSOE María López ha alertado de la “hoja de ruta” del Gobierno andaluz en servicios públicos como el sistema portuario, donde, según ha señalado, se está promoviendo una mayor participación privada pese a tratarse de un modelo que ha funcionado durante más de 30 años sin ser deficitario. En este sentido, ha advertido de que la entrada de empresas privadas supondría “perder el control de infraestructuras públicas estratégicas” y abrir la puerta a la “privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas”.
López, que ha lamentado que el PP haya rechazado también esta iniciativa, ha denunciado además que esta estrategia responde a un patrón ya conocido, consistente en “debilitar los servicios públicos para justificar su privatización”, y ha señalado que, en el caso de los puertos andaluces, se está produciendo un abandono de la plantilla, con un déficit estructural de personal cercano al 30% y condiciones laborales cada vez más precarias, lo que evidencia, a su juicio, “la falta de compromiso del Gobierno andaluz con lo público y con sus trabajadores”.