El Grupo Socialista y el sindicato de inspectores de enseñanza USIE lamentan que el Gobierno de la Junta haya recortado 2.700 docentes para el curso 2021/2022
La portavoz de Educación del Grupo Socialista, Noemí Cruz, ha cuestionado el criterio del Gobierno de la Junta a la hora de repartir el personal de refuerzo Covid, denunciando que “no obedece a indicadores objetivos de planificación por ratio, genera desigualdad entre la pública y la privada, da la espalda a las zonas rurales y no es transparente”. Cruz ha reclamado que hagan públicos esos criterios de asignación de los recursos extraordinarios a los centros públicos y que se diseñen “en función de la realidad de los centros, zonas y contextos”.
En un encuentro mantenido en el Parlamento andaluz, responsables del Grupo Socialista y de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) han rechazado la decisión de la Junta de Andalucía de recortar en el curso 2021/2022 parte de los refuerzos extraordinarios que se habían desplegado para hacer frente a la pandemia, especialmente los “2.700 docentes menos que deberían haberse consolidado para mejorar la calidad de nuestra educación”. En este sentido, la parlamentaria socialista ha recordado “los 257 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido a la Junta de Andalucía” y ha criticado que, “a mayor apuesta del Gobierno de España en educación, mayor relajación del Gobierno andaluz”.
En la reunión, a la que también ha asistido la secretaria general del Grupo Socialista, Soledad Pérez, el PSOE y USIE han coincidido en denunciar el incumplimiento de los plazos comprometidos públicamente por la Consejería de Educación para la modificación del decreto 115/2002, que regula la organización y el funcionamiento de la Inspección, así como la ausencia de información oficial documentada al respecto.
Además, en el encuentro se han tratado las principales reivindicaciones laborales de este colectivo, como la necesidad de tener en cuenta la experiencia a la hora de establecer el orden de prelación en la bosa, la falta de equipamientos informáticos o la nula participación de la inspección en la formación inicial de los futuros docentes.