El sacrificio que vienen haciendo las familias y la clase media trabajadora en estas circunstancias tan excepcionales en las que nos ha tocado vivir, como consecuencia de la pandemia y de las derivadas de la guerra de Putin en Ucrania, tiene que ser compartido por quien está obteniendo extraordinarios beneficios en medio de esta tormenta inflacionista que cada día toca a la puerta de la mayoría de los hogares españoles.
Ojos que no ven, corazón que no siente. Con este refrán se podría resumir cómo ha arrancado Moreno Bonilla esta nueva Legislatura y la idea que ha impregnado por igual todo su discurso de investidura: no se sufre por lo que no se conoce o, peor aún, por lo que no se quiere conocer. El presidente de la Junta, sin embargo, lleva más de tres años gobernando Andalucía y debería de haber tenido tiempo más que suficiente para ser consciente de los problemas reales a los que tiene que hacer frente y que no se solucionan solo con buenas palabras.
Episodios de olas de calor tan extraordinarios como el que estamos viviendo durante los últimos días nos han vuelto a recordar lo que lleva señalando la comunidad científica desde hace mucho tiempo: la crisis climática no es algo que vaya a ocurrir en el futuro, sino que ya forma parte de nuestro día a día. Recientemente, Naciones Unidas ya advertía de que la extensión y la magnitud de los impactos que está provocando son mayores de los previstos y que estos están apareciendo más rápidamente, son más abruptos y extendidos de lo que se esperaba. Lo de esta semana es una buena prueba de ello.
De ser una empresa, el Gobierno andaluz estaría a un paso de entrar en causa de disolución como consecuencia de la pérdida del excepcional patrimonio natural que supone la desecación de Las Salinas de Cabo de Gata. Su falta de reflejos para frenar la gravísima situación que sufre este humedal es el paradigma de las políticas ambientales que están desarrollando los dirigentes del Partido Popular en nuestra provincia, si es que se puede llamar así a lo que sea que estén haciendo.
España es un país del que sentirse muy orgulloso por mil motivos, pero muy especialmente por ese inquebrantable espíritu que nos ha permitido conquistar todos los derechos de los que hoy disfrutamos. Bien es cierto que alguna de esas conquistas nos ha costado casi tanto como subir a la cima del Everest, no solo por la altura del propósito, que también, sino por las zancadillas que ha habido que sortear por el camino para garantizar derechos fundamentales, como ha sido el caso de las personas LGTBI.
El Gobierno de España continúa trabajando sin descanso para hacer frente en nuestro país a las graves consecuencias económicas que está teniendo en la economía mundial la guerra de Ucrania. En un escenario económico adverso del que no se está librando ningún país europeo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está sobresaliendo por su contundencia a la hora de tomar medidas que protejan a la ciudadanía, y especialmente a las familias más vulnerables, del impacto económico del conflicto.
El próximo domingo, 19 de junio, los almerienses tenemos la oportunidad de ponerle fin a un gobierno en Andalucía que nos ha dejado un legado de promesas incumplidas y un grave deterioro de los servicios públicos. Como en las viejas películas de Hollywood, Moreno Bonilla ha desplegado por la provincia un sinfín de escenarios de cartón piedra que, a la hora de la verdad, han dejado al descubierto todas sus vergüenzas.
Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, Moreno Bonilla se ha quitado el traje del Partido Popular y se ha disfrazado de ‘gestor’. Para no tener que hablar del abrazo del oso que se dio con Vox para llegar al poder ni de otras cosas incómodas, el presidente andaluz se ha colocado la corbata y la chaqueta y ha empezado a presumir de que tiene muchos millones de euros en el cajón: exactamente, 1.400 millones de euros de superávit. Ahí es nada.
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