Artículos por Juan Antonio Lorenzo Cazorla

Las manifestaciones de este fin de semana en defensa de la sanidad pública han coincidido en el tiempo con el rechazo del Partido Popular en el Parlamento andaluz a retirar la orden de conciertos sanitarios  impuesta por Moreno Bonilla, que abre la puerta por primera vez en Andalucía a la privatización de la atención primaria, sin contar con sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones de pacientes y ciudadanía en general.

El Gobierno andaluz ha estado derivando dinero público durante dos años a la sanidad privada al margen de la legalidad, sin control ni fiscalización alguna, acogiéndose para ello a un Real Decreto ley ya derogado. Mediante ese procedimiento, la Junta podría haber desviado más de 200 millones de euros a la sanidad privada de manera opaca.

Con Moreno Bonilla vivimos en una campaña electoral permanente. Cada día anuncia medidas que no lleva a cabo y esos días suman ya cinco años en los que no hemos visto nada de nada, ni una sola de sus promesas para nuestra provincia. Mucho me temo que acabará esta legislatura siguiendo los pasos de su compañero Mariano Rajoy, actual número uno en el ranking, ya que estuvo ocho años sin mover un dedo por Almería y con la complicidad de sus palmeros y compañeros del PP provincial.

Defender la igualdad entre hombres y mujeres es un signo de salud y de calidad democrática y es una cuestión, además, en la que no caben medias tintas, titubeos ni juegos de palabras. Defender la igualdad es promover la suma de derechos civiles que robustecen los estados de derecho porque un país donde el 50% de su población no ve garantizado su derecho a la salud, a la seguridad o la integridad es un país que ve claramente deteriorada su cartera de libertades. Por este motivo, no hay que olvidar que los derechos que afectan a las mujeres comprometen la calidad de las democracias.

Todos los andaluces y andaluzas hemos tenido claro desde el 28 de febrero de 1980 que aquel referéndum debía servir a una gran causa común: construir una Andalucía donde se garantizara la igualdad de oportunidades, sustentada en el acceso a una educación y a una sanidad pública de calidad, el impulso de nuestros sectores productivos o en el desarrollo de las grandes infraestructuras que habrían de equipararnos al resto de España.

El cambio de modelo de la sanidad pública que pretende llevar a cabo el gobierno de Moreno Bonilla ya está en marcha. Y esto no es una opinión, se empezó a gestar hace ya algunos meses a través de un decreto que pretende poner en manos del sector privado la atención primaria, así como las instalaciones y equipamientos públicos pagados con los impuestos de todos los ciudadanos.

En lugar de trabajar, en el PP han decidido hacer ruido con el tema del agua. En este contexto es en el que se enmarca la iniciativa sobre el trasvase Tajo-Segura que los representantes ‘populares’ llevaron al Parlamento de Andalucía esta semana y con la que insistieron en su estrategia de politizar la necesidad de agua de esta provincia, una cuestión en la que, por cierto, todos estamos de acuerdo.

Si la verdad pesara, las palabras de compromiso con Almería que pronuncian cada semana los cargos del Gobierno andaluz se las llevaría el viento. Para disgusto de esta provincia, la propia Junta de Moreno Bonilla se encarga de demostrar una y otra vez, por la vía de los hechos, que los almerienses no le importamos lo más mínimo.

Si la dignidad de una sociedad se mide por cómo trata a sus mayores, España es hoy un país más digno que hace unos años. Nunca, en la historia reciente de nuestro país, los pensionistas habían sido tratados con el respeto que les profesa el Gobierno de Pedro Sánchez y que se ha traducido en hechos concretos como el reciente derecho, recogido en una ley, que garantiza que quien percibe una pensión nunca más va a perder poder adquisitivo. Defender a los mayores no es darles palmaditas en la espalda, sino pensiones dignas y derechos.