Pérez Navas critica que “ningún concejal de Urbanismo de los gobiernos del PP se anticipara para evitar los recursos en este asunto”
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha mostrado su deseo de que, por el interés general de la ciudad, “la aclaración solicitada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la sentencia que anula la reparcelación del sector en Torrecárdenas donde se prevé un centro comercial conlleve las consecuencias menos lesivas posibles para Almería y para el Ayuntamiento”.
El líder de los socialistas ha explicado que su grupo solicitó la convocatoria de la comisión plenaria de Desarrollo Urbano que se ha celebrado “a fin de conocer las consecuencias jurídicas y económicas que podría tener esta decisión judicial tanto para el Ayuntamiento como para la ciudad” y que “ese objetivo se ha cumplido desde el punto de vista técnico, pero dejándose abiertas diferentes posibilidades y maneras de actuar que, fundamentalmente, dependerán de la aclaración sobre la sentencia que se ha pedido por parte del Consistorio”.
“Por supuesto, -ha proseguido-, lo que los socialistas deseamos es que el perjuicio que pueda suponer esta sentencia sea siempre el menor posible para los intereses generales de la ciudad, independientemente de que también consideremos que la manera de actuar desde el punto de vista de la gestión urbanística del PP deja mucho que desear como, lamentablemente, ha quedado claro con este caso”.
En ese sentido, desde el PSOE no descartan una futura petición de responsabilidades políticas sobre un asunto en el que “parece claro que algo ha tenido que hacer mal el PP cuando ninguno de los concejales de Urbanismo de sus equipos de gobierno, desde que se firmara el convenio que Bogaris en 2006 por parte de Juan Megino, han sido capaces de anticiparse para evitar los recursos que se han ido presentando por parte de diferentes propietarios de terrenos que conformaban una junta de compensanción en la que el propio Ayuntamiento está representado”, ha subrayado.
Ha sido esa inacción la que ha llevado, según ha concluido Pérez Navas, “a que, finalmente, uno de esos recursos haya terminado con la anulación de la reparcelación realizada y a que se viva esta situación de inseguridad jurídica actual”.