ALMERÍA. El PSOE defiende la recuperación de las 35 horas semanales de trabajo para los casi 1.000 empleados del Ayuntamiento

Consuelo Rumí, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería
Consuelo Rumí, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería

Rumí reclama al alcalde “que se ponga de lado del colectivo” instando a Rajoy a eliminar las 37,5 horas actuales y destaca el empleo a crear

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Consuelo Rumí, ha dado a conocer que su grupo elevará una iniciativa en el próximo pleno con la que se defiende la recuperación de las 35 horas semanales de trabajo para los casi 1.000 empleados de esta administración local. Con esta petición, que tiene que hacerse instando al Gobierno de Rajoy “a eliminar la jornada laboral actual de 37,5 horas semanales en las administraciones” que impuso con la excusa de la crisis, se recuperaría un derecho “secuestrado” y se contribuiría a la creación de empleo público y a la mejora de los servicios municipales.

En ese sentido, Rumí se ha preguntado “si se pondrá el alcalde y el Partido Popular de lado de los trabajadores del Ayuntamiento” porque, precisamente, “eso lo que les reclamamos los socialistas, su voto a favor de instar al Gobierno a la recuperación de este derecho, secuestrado por Rajoy con la excusa de la crisis, para todos los empleados públicos”. Y eso ha de ser así debido a que, según ha explicado, “el Ayuntamiento no tiene competencias para fijar una jornada laboral distinta a la marcada con carácter general por el Estado”.

La concejala del PSOE ha recordado que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 se estableció una jornada mínima de 37,5 horas semanales en el conjunto del sector público, suspendiendo los acuerdos y convenios que tuvieran establecida una jornada inferior. Dicha norma, ha proseguido, “fue justificada en su día por la necesidad de proceder a un rápido ajuste presupuestario como consecuencia de la crisis y se acompañó de otros recortes salariales, de empleo y de condiciones de trabajo del conjunto de empleados públicos”.

Pero en la actualidad, “si hacemos caso a las declaraciones del Gobierno de España sobre que ya no estamos en crisis, pues no se sostiene la suspensión”, ha remarcado. “¿O es que no es cierto y seguimos en crisis y no se reconoce?”, se ha preguntado.

Repercusiones locales

Rumí ha enfatizado el hecho de que la suspensión mencionada era “temporal por circunstancias excepcionales, como establece el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público, y mantenerla tras la desaparición de estas causas significaría un incumplimiento de los pactos y acuerdos alcanzados con anterioridad”.

Su repercusión en el ámbito local se ha traducido en “una merma importante de la calidad del servicio público prestado y una limitación constante a las posibilidades de cobertura de vacantes y de creación de empleo público”. En Almería, ha continuado, “han sido muchos los puestos de trabajo amortizados o no cubiertos en los últimos años, lo que ha supuesto una insuficiencia de efectivos en muchos servicios para poder ofrecer una cobertura de calidad a las demandas de la ciudadanía”.

Para la edil, no cabe confusión a la hora de abordar este asunto ya que “no estamos solicitando la rebaja generalizada en todo el sector público de la jornada laboral, sino levantar la suspensión impuesta a nivel nacional y  restablecer los acuerdos preexistentes y, a partir de ahí, poder negociar la jornada en cada uno de los ámbitos relacionados con la actividad municipal”.

Decisión política y suficiencia financiera

La recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, cuya implantación fue fruto de la negociación colectiva, “es una decisión política que debe enmarcarse como el primer paso de un proceso de recuperación global de aquellos derechos que fueron recortados al personal empleado público”.

Además, y para concluir, Rumí ha evidenciado que la propuesta es completamente factible teniendo en cuenta “que no se justifica en la actualidad en la necesidad de contención de gasto público ni en la de ahorro económico ante la suficiencia financiera del Ayuntamiento de Almería, que garantiza que la implantación de la medida no afectaría al cumplimiento de las obligaciones de sostenibilidad financiera y de equilibrio presupuestario que tiene la administración local”.

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