La vivienda no puede seguir siendo un negocio en el que se trafique con los derechos de la gente. Regular su mercado no significa enfrentar a quien necesita un hogar con quien puede ofrecérselo, sino garantizar una relación justa y segura entre ambos. Eso es lo que el PSOE defiende en el Gobierno, en el Congreso y también en las urnas, frente a un PP y un Vox que se han opuesto sistemáticamente a cada avance.
Desde 2019, el Boletín Oficial del Estado ha recogido las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar un problema que condiciona la vida de millones de personas. En 2023 se aprobó, además, la primera Ley estatal de Vivienda, con instrumentos para actuar en zonas tensionadas, proteger de forma permanente la vivienda pública, regular los alquileres y reforzar las garantías frente a los desahucios. Salió adelante con 176 votos a favor y 167 en contra. Las derechas volvieron a decir no.
El compromiso continúa en 2026 con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros para construir, rehabilitar y adquirir vivienda pública. A ello se suma CASA 47, que incorpora suelos y viviendas de la Sareb al parque residencial público, con más de 1.200 inmuebles en Almería. Nadie sostiene que una crisis tan profunda, alimentada por los intereses económicos de unos pocos, vaya a resolverse de un día para otro, pero hay una diferencia entre intentar cambiar las cosas y bloquear cualquier solución, como hacen PP y Vox.
También conviene preguntarse qué hace la Junta de Andalucía con sus competencias en vivienda. El Gobierno de Moreno Bonilla encuentra tiempo para recurrir decretos estatales, pero no para promover viviendas públicas en Almería. En sus años de gobierno no ha impulsado ni una sola promoción, pese a disponer de recursos procedentes del Estado. Mientras tanto, hay 10.000 demandantes de vivienda pública en la provincia, 3.000 de ellos en la capital. A los jóvenes y a las familias no les sirve de nada que la Junta reconozca sus competencias cuando se trata de poner obstáculos, pero no las ejerza para ofrecer soluciones.
Todos los sectores económicos están sujetos a reglas. ¿Por qué habría de quedar la vivienda a merced de la ley de la selva? El PSOE seguirá defendiendo su regulación frente a los fondos buitre y a quienes amparan sus intereses. Porque tener un lugar donde vivir es un derecho, no un privilegio reservado a quien pueda pagarlo.