Un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha revelado que la Junta de Andalucía adjudicó contratos por un valor mínimo de 38.000 millones de euros eliminando los controles previos obligatorios entre 2020 y 2024.
Lo verdaderamente sangriento de este descontrol fiscal en los despachos es que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) concentró el 80% de este gasto ejecutado sin fiscalización previa: más de 30.000 millones de euros que se gestionaron bajo un modelo presupuestario que hoy se tambalea, salpicado por irregularidades y un abuso masivo de contratos a dedo. Mientras los miles de millones fluían en Sevilla sin filtros ni contenciones, la sanidad en Almería agonizaba —y agoniza— bajo el peso del abandono institucional.
Es imposible no sentir indignación al contrastar el desparrame de adjudicaciones opacas con la miseria presupuestaria que expulsa a nuestros profesionales. La provincia de Almería se ha convertido en la región que más médicos pierde de toda la comunidad: el 90% de los residentes salientes deciden marcharse. Esto evidencia la total incapacidad del sistema para retener el talento ante la falta de estabilidad y las deficientes condiciones laborales.
Mientras el SAS firmaba contratos sin control, la cotidianidad de nuestra atención primaria quedaba marcada por ratios extremas de 4,77 enfermeras por cada 1.000 habitantes y una asfixiante sobrecarga asistencial, con cupos que rozan los 2.000 pacientes por facultativo. A esto se suma una enorme dispersión geográfica y un aislamiento rural agravado por graves barreras de transporte que dificultan físicamente el acceso a la asistencia médica. Lejos de aliviar el colapso, el auge del ejercicio mixto (el tándem público-privado) solo cronifica el problema, desnudando la precariedad de la contratación en Almería al compararnos con comunidades vecinas como Murcia.
Los desafíos de nuestra tierra exigen un sistema diseñado bajo la premisa de que “aquí no sobra ningún paciente”. Sin embargo, la gestión de la Junta de Andalucía genera una profunda desigualdad que crea pacientes y profesionales de segunda. En áreas con alta dispersión como el Norte y Levante de Almería, son los médicos de hospitales con más recursos quienes acuden a centros como La Inmaculada para aliviar las listas de espera, pero cobrando peonadas a precio de oro.
Mientras tanto, los profesionales locales, que luchan día a día contra la falta de medios y la extrema sobrecarga de buscar recursos inexistentes, ven cómo su esfuerzo queda relegado a un segundo plano, donde su trabajo extra vale menos de la mitad que el de los sanitarios externos. ¿Dónde estaban los controles obligatorios para evitar este agravio comparativo?
A pesar de este descontrol en las altas esferas, la calidad humana y el esfuerzo titánico de los profesionales locales consiguen asegurar una atención digna. Todo ello ocurre sin perder de vista a Sevilla, que en abril de este año prometió la recatalogación de las zonas de difícil cobertura, una promesa que sigue en el aire. Mientras los 38.000 millones de euros se repartían sin fiscalización en los despachos de la Junta, lo único que nos queda en Almería, y que sí está plenamente blindado a precio millonario por el SAS, es la figura del capellán de hospital. Ante el abandono institucional y el caos de las cuentas públicas, parece que solo nos queda encomendarnos a la providencia.