Después de hablar con algunas de las personas que representan a la plataforma de afectados por el incendio de Los Gallardos y Bédar, resulta imposible no preguntarse por qué siguen quedando tantas dudas por resolver y por qué el Gobierno andaluz sigue sin aclararlas.
Quince personas perdieron la vida. Detrás de esa cifra están las familias, los amigos y toda una vida que quedó truncada en unas pocas horas. Por todas ellas tenemos la obligación de saber qué ocurrió aquel 9 de julio, qué pudo fallar y qué se debe cambiar para intentar que algo así no vuelva a suceder.
Necesitamos saber si se adoptaron todas las medidas necesarias para proteger a la población y si se hizo a tiempo, porque en una emergencia cada minuto cuenta y tomar una decisión, o no hacerlo, puede resultar determinante. También se tiene que explicar con el máximo rigor por qué no se utilizó el sistema Es-Alert para avisar a la población y, en cambio, sí se activó en otros incendios.
Si todo se hizo correctamente, investigar lo sucedido no debería ser un problema para nadie. Y si hubo errores, nuestra obligación es detectarlos, exigir responsabilidades y evitar que vuelvan a repetirse. ¿Qué razón puede haber entonces para que el Partido Popular quiera impedir una comisión de investigación en el Parlamento?
A quienes perdieron a un ser querido aquel 9 de julio no podemos devolverles lo que el fuego les arrebató, pero tenemos la obligación de garantizarles el derecho a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.
Los tribunales también tendrán que hacer su trabajo. Como hemos anunciado, el PSOE se personará como acusación particular en la causa abierta por el incendio. Pero la investigación judicial no sustituye la responsabilidad política de analizar cómo respondió la Junta de Andalucía y qué decisiones se adoptaron durante una catástrofe de esta magnitud, que ha dejado una huella imborrable en muchas familias y en los municipios afectados. También tenemos que mirar hacia delante de manera decidida porque lo que estamos viendo en estos últimos años es muy preocupante. Los incendios se desarrollan cada vez a mayor velocidad y son más extremos y violentos. Por eso es vital que el Gobierno de Moreno Bonilla entienda que tiene que reforzar urgentemente las medidas de prevención, proteger nuestros montes y garantizar los medios y las plantillas necesarias durante todo el año. No podemos permitir que se pierda ni un solo minuto más