La vivienda se ha convertido en los últimos años en un bien con el que especular y obtener una alta rentabilidad mientras decenas de miles de jóvenes retrasan su emancipación y familias enteras destinan la mayor parte de su sueldo al pago del alquiler o la hipoteca. Frente a ese bucle infinito del que resulta tan difícil salir, el Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a dar pasos decisivos para abordar este problema aprobando la primera Ley de Vivienda de nuestra democracia y situando este derecho en el centro de las políticas públicas.
El nacimiento del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana respondió precisamente a ese objetivo: que la vivienda se convirtiera en el quinto pilar del Estado del Bienestar, de manera que, si nadie cuestiona hoy la sanidad o la educación pública, tampoco debería cuestionarse el derecho de cualquier persona a acceder a una vivienda digna y asequible.
Ese cambio de modelo empieza ahora a tomar forma con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará 7.000 millones de euros en todo el país, de los que cerca de 1.200 millones se destinarán a Andalucía, la comunidad autónoma que más fondos recibe. Se trata de una inversión histórica que triplica los recursos del anterior plan y que tiene como objetivo ampliar el parque público de vivienda protegida y asequible para frenar la voracidad del mercado y garantizar que la vivienda cumpla la función social que recoge nuestra Constitución.
El Plan Estatal, acordado con todas las comunidades autónomas, persigue aumentar la vivienda pública, protegida y asequible; adelantar la edad de emancipación de los jóvenes; reducir el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda y revertir la situación de las zonas tensionadas.
La principal novedad reside, además, en su firme apuesta contra la especulación, ya que ni un solo euro público irá destinado a viviendas que en el futuro puedan privatizarse. Es decir, las viviendas construidas con dinero público seguirán siendo públicas para siempre.
Con este nuevo modelo, el Estado deja de limitarse a transferir fondos, que en ocasiones ni siquiera se han utilizado de manera eficiente, y pasa a asumir un papel activo en la dirección y coordinación de la política de vivienda, exigiendo también corresponsabilidad a las comunidades autónomas, porque el problema de la vivienda ya no admite ni una excusa más ni tampoco una sola medida menos.