La realidad siempre termina desmintiendo la propaganda. Y en Almería lo hemos vuelto a comprobar apenas unos días después de la visita del consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Mientras hacía balance de la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla en el hospital La Inmaculada de Huércal-Overa —un balance tan triunfalista que le ha costado una sanción de la Junta Electoral por vulnerar la ley—, la propia Junta adjudicaba un segundo contrato de 2,2 millones de euros a un hospital privado de Lorca para atender a pacientes que no encuentran respuesta en la sanidad pública.
Puede parecer una coincidencia, pero no lo es. Porque mientras el consejero presumía de resultados, lo que no contó es que el plan real no pasa por reforzar La Inmaculada, sino por seguir derivando pacientes y recursos a la privada. En lo que va de año, cuando apenas han transcurrido cuatro meses, ya son casi 4 millones de euros de dinero público los que han terminado en ese hospital murciano.
Entre tanto, miles de vecinos de las comarcas que dependen de La Inmaculada acumulan meses de espera para ser atendidos, cuando no se encuentran directamente con servicios bajo mínimos. Hoy nos encontramos con especialidades con un solo profesional, como Urología, Neumología o Hematología; una plantilla insuficiente en un área clave como Digestivo o, directamente, la ausencia de especialistas en Dermatología. Esa es la situación que no aparece en los balances del Partido Popular.
Lo que estamos viendo en La Inmaculada no es producto de la casualidad, sino de un incipiente modelo de gestión que ha convertido este hospital en un laboratorio de pruebas, en el que Moreno Bonilla está diseñando el sistema sanitario que tiene en mente para los próximos años y que pasa por dejar caer la sanidad pública para abrir, sin ningún complejo -si es que aún tenía alguno- la puerta de par en par a la privada.
Si le dejamos, el desvío de recursos públicos se convertirá en una constante que condenará a los pacientes a seguir esperando meses y meses o, como en el caso de Huércal-Overa, a salir fuera de Andalucía.
El 17 de mayo la ciudadanía va a poder decidir si avala este modelo o apuesta por recuperar una sanidad pública fuerte, con recursos y capaz de atender a tiempo a quien lo necesite, evitando que una enfermedad o una patología empeore mientras se espera una cita en atención primaria o en un hospital.