Hay cuestiones que no deberían admitir matices, sino el más absoluto de los respaldos, y la inclusión educativa es una de ellas, entre otras cosas porque no hablamos de números, sino de niños y niñas con nombres y apellidos, de familias que cada día hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos tengan las mismas oportunidades que el resto.
En Andalucía esa inclusión hoy no está garantizada por el Gobierno de Moreno Bonilla. De hecho, las políticas impulsadas por el Ejecutivo andaluz del PP han ido en la dirección contraria, debilitando los servicios públicos y abriendo la puerta a una privatización que deja atrás a quienes más apoyo necesitan. El ejemplo más claro es la propuesta de reforma de la Formación Profesional Básica, que pone en riesgo la continuidad de alumnos con necesidades educativas especiales en un itinerario que, en muchos casos, representa su única vía de desarrollo académico y profesional.
En esa línea, la supresión de programas específicos como el ciclo dirigido a este alumnado en el IES Algazul de Roquetas de Mar resulta incomprensible, ya que castiga directamente a unos alumnos y alumnas que ven cómo cada programa que desaparece es una puerta que se cierra y una oportunidad menos para su desarrollo académico y personal.
Pero lo más preocupante no son solo las decisiones, sino también el discurso. Que desde el Partido Popular se haya llegado a banalizar el trabajo que se realiza con niños con autismo, sin consecuencias políticas, refleja una desconexión alarmante con la realidad de miles de familias, que saben muy bien lo que cuesta cada sesión de logopedia o cada cita para apoyo psicológico.
La realidad es que a estas familias no les sobra nada y les falta de todo. Tienen que asumir de su bolsillo servicios que deberían estar garantizados por el Gobierno andaluz, con profesionales que son esenciales —psicólogos, logopedas, psicopedagogos— y que, sin embargo, tampoco cuentan siempre con las condiciones laborales que merecen ni pueden dedicar a este alumnado el tiempo que necesita. Todo ha terminado convirtiéndose en un bucle del que resulta muy difícil salir. Frente a esta situación, el compromiso que tenemos desde el PSOE es muy claro: convertir la educación y la atención sociosanitaria inclusiva en un derecho blindado por ley. Un derecho que garantice recursos y que dé tranquilidad a las familias